El pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad la Ley General de Víctimas, que fue calificado como un instrumento "de nueva generación" y "con enfoque garantista".
La ley reconoce como víctimas directas a quienes "hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos" y como indirectas a los familiares u otras personas que enfrenten peligro por auxiliar a las primeras.
Establece derechos básicos como el trato digno, el acceso a la información y la garantía de una investigación efectiva.
"Las víctimas recibirán ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante", indica el artículo 8.
En el texto aprobado se prevé la creación de un Registro Nacional y un Sistema Nacional de Víctimas así como un mecanismo para la reparación del daño que incluye una indemnización.
El documento incluyó propuestas formuladas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y diversas organizaciones civiles.
La minuta será turnada a la Cámara de Diputados a la que le quedarán escasos cinco días del actual período ordinario de sesiones para su aprobación.
