Con el voto de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y el voto dividido de la izquierda, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, con lo que se regulan los procesos de negociación, celebración y aprobación de tratados internacionales, suscripción de acuerdos interinstitucionales y ejecutivos.
La nueva ley, reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, fue aprobada en lo general con 284 votos a favor y 69 en contra y fue remitida al Senado, debido a que se le hicieron modificaciones que deberán ser ratificadas para ser promulgada.
En pro de la nueva ley, diputados de PRI, como el diputado Carlos Flores Rico y Gustavo González, del PAN, aseguraron que contiene ventajas evidentes, "en transparencia, en candados para la seguridad y para la soberanía nacional" pues se establece la corresponsabilidad del Ejecutivo y del Senado en la materia.
En cambio, "hoy no se sabe cuántos acuerdos hay en vigor, no hay un control, ni un registro ni una idea. El Senado se entera hoy de un acuerdo (cuando) le envían los papeles" y por eso, dijo, "hoy es posible que haya acuerdos sin sanción del Senado, como el Plan Mérida, el Alianza para la Seguridad y el Progreso (ASPAN)”.
Hay 350 acuerdos interinstitucionales "que no han sido ratificados" y de los cuales se desconoce, dijo el priísta.
La nueva ley establece procedimientos de negociación y aprobación de tratados. Plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte", elaborará un dictamen que será remitido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para su consideración y se enviará al Senado para su aprobación.
Luego, la Secretaría lo inscribirá en un registro sujeto a consulta pública.
En contra una parte de los diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), al igual que priiístas como Miguel Ángel García Granados, denunciaron que con la nueva ley el Senado, renuncia a su facultad exclusiva en materia de suscripción de acuerdos internacionales y de definición de la política exterior de México.
Además "hay acuerdos que quedarían convalidados, aunque no siquiera estén publicados, "es el triste desenlace de la deuda externa de los años 80, acuerdos conocidos falsamente como globalización".
Con la aprobación de la ley -de 38 artículos-expuso Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, "se está convalidando un conjunto de cesiones de soberanía".
"Es una trampa que nos deja sin escapatoria" porque ahora el Ejecutivo podrá negociar libremente acuerdos internacionales y hoy podría negarse y decir "no puedo porque me lo impide el Congreso, lo de los migrantes no puedo porque me lo impide el Congreso, aquí no hay posibilidad para que se apoye en la soberanía popular", sostuvo.
Muñoz Ledo planteó otros inconvenientes de la ley, entre ellos el que no se incluya la posibilidad de que el Senado intervenga en la negociación de tratados internacionales y acuerdos, que éstos estén sujetos a referéndum, que tengan límites y se establezca "cuáles son las autoridades que sancionarán cuando se negocie en contra de la nación".
También en tribuna José Luis Jaime Correa, Teresa Inchaustegui y Avelino Méndez, del PRD, y Mario Di Constanzo, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas del PT, hablaron en contra. Este último refirió que la ley "se presenta como un gran paso adelante y al contrario, es anticonstitucional.
"La ley sólo permite tratados en derechos humanos y tratados en general, la Constitución no habla de acuerdos interinstitucionales ni ejecutivos" y con la ley se incorporan estas figuras dijo Cárdenas.