Luz verde. Los senadores José Rosas Aispuro, Ernesto Cordero, Enrique Burgos y Luis Sánchez, participaron en la sesión de ayer en el Senado de la República.
El Senado aprobó la Ley general de Contabilidad Gubernamental que propuso el titular del Ejecutivo -en formato de iniciativa preferente- que obligará a los gobernadores y alcaldes a transparentar sus finanzas.
La ley que será enviada para su ratificación a la Cámara de Diputados, incluye sanciones de siete años de cárcel por ocultar o falsear información y "dañar de manera dolosa" las haciendas públicas.
Los estados y municipios no podrán oponerse a transparentar la información del uso y destino del dinero público con argumentos como la "reserva bancaria, bursátil, fiduciaria, de seguridad o cualquier otra" de este tipo. Y también estarán obligados a transparentar la información de los fondos de aportaciones federales de educación, salud, seguridad pública, de fortalecimiento de la infraestructura de los municipios y fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales.
Los gobiernos deberán tener disponible en Internet la información financiera acumulada de los últimos 6 años. Y también deberán publicar las cuentas en los que son depositadas las aportaciones y participaciones federales, excepto aquellos municipios que no cuenten con la capacidad tecnológica para hacerlo.
Las entidades federativas tendrán sólo un año para cumplir con esta ley; los municipios, podrán concluir este proceso en 2013, pero habrá una prórroga hasta diciembre de 2014, para aquellos municipios que no puedan dar cumplimiento a la ley por falta de capacidad técnica y administrativa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a los senadores que realizar estos ajustes y transparentar vía electrónica esta información tendría un impacto presupuesta de 60 mil pesos al año.
La iniciativa preferente enviada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que por mandato constitucional debe ser desahogada en máximo 30 días, se aprobó en la Cámara Alta por 104 votos a favor; tres, en contra, y tres abstenciones. Y es que en el debate la perredista Dolores Padierna Luna intentó declarar una "moción suspensiva" y regresar el dictamen a las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, bajo el argumento de que no existe aún la reglamentación del 71 constitucional que permite el desahogo de la preferente en 30 días.
En la tribuna, la senadora priísta Blanca Alcalá, una de los tres coordinadores de la comisión técnica encargada de elaborar un proyecto de dictamen consensuado con las fuerzas políticas, argumentó que "es el primer paso de los muchos que esta Legislatura habrá de avanzar en todo lo que implica un andamiaje mayor en la materia hacendaria".
El senador del PAN, Salvador Vega Casillas, otro de los artífices de la minuta enviada a Cámara de Diputados para su revisión, explicó que con la reforma todos los gastos serán difundidos detallando los programas, los proyectos, los gastos de inversión, los servicios personales, los gastos de operación, las asociaciones público privadas, con énfasis a la difusión de los nombres y datos de los "proveedores sociales", así como a las remuneraciones y las contrataciones de servicios por honorarios y en las áreas de salud y de educación.
El senador perredista Armando Ríos Piter consideró que el esfuerzo por vigilar y fiscalizar los recursos públicos no concluye con esta iniciativa. Por lo que hoy presentará en el pleno una reforma integral sobre el tema.
Iniciativa de Calderón
⇒ Se castigará con cárcel al gobernador, alcalde o funcionario que de manera "dolosa" oculte o falsee información financiera o dañe las haciendas públicas.
⇒ Todo compromiso de pago deberá ser reportado a las autoridades federales y transparentado, como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y todo aquello similar a asociaciones público-privadas.
⇒ No podrá oponerse reserva bancaria, bursátil, fiduciaria u otra para transparencia de la información financiera.
⇒ Deberá difundir la información financiera de estados y municipios en sus páginas de Internet.
⇒ Obliga a transparentar la información de fondos de aportaciones federales de educación, salud, seguridad pública, de fortalecimiento de la infraestructura de los municipios y fortalecimiento de los municipio.
