La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para incluir el concepto de “competitividad” entre los principios que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico.
El concepto es definido en la reforma como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo; así como su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo a fin de considerar la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
La reforma debe ser avalada ahora por la mitad más una de las legislaturas de los estados de la República.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, afirmó que ven adecuada la reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución, porque establece como un principio de la carta magna la competitividad para hacer una economía en crecimiento, “una economía que permita que haya satisfactores para la población”.
“Desde luego, que éste es un postulado constitucional y habría que convertirlo en realidad, pero nos parece que ésta definición conceptual no riñe con la rectoría económica del desarrollo que plantea ese capítulo económico de la Constitución ni riñe tampoco con el sistema de planeación democrático”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), destacó la importancia de la reforma, que modifica los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de competitividad.
Dijo que la globalización ha traído consigo que los mercados sean vastos, pero a su vez se necesita que sean más competitivos.
El legislador explicó que con la competitividad se alcanzarán dos objetivos consistentes en ofrecer bienes y servicios de calidad en los mercados internacionales y nacionales, así como atraer las inversiones extranjeras a nuestra planta productiva. Esto con el fin de elevar el poder adquisitivo y el nivel de vida del trabajador mexicano.
“Lo que ha dado como resultado que los países adopten políticas económicas y jurídicas acordes a este fenómeno. De lo anteriormente mencionado se deriva la presente reforma constitucional, ya que si la pretensión que tenemos como legisladores es la de lograr un crecimiento estable para efectos de consolidar nuestra economía, sería muy necesaria la implementación de políticas encauzadas a alcanzar lo que pretendemos.
“En este sentido, con la intención de la competitividad a nuestro principal marco jurídico, se está obligando a generar políticas públicas enfocadas a consolidar el crecimiento económico, incentivando el mejor desempeño de todos los entes económicos de nuestro país”.
