Ley. La nueva ley entrará en vigor hasta el 1 de junio de 2013.
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimientos Penales para el estado de Coahuila, con el cual se sientan las bases jurídicas para que se instalen los juicios orales el próximo año.
La reforma permitirá a los jueces conocer y escuchar a los acusados, víctimas y testigos involucrados, contrario a lo que se practica en la actualidad en donde el juez conoce a los actores a través de un documento.
"El nuevo proceso permite que el acusado conozca las razones por las que se le acusa y todas las partes cuentan con la oportunidad de presentar sus argumentos ante un juez", establece el documento presentado por el gobernador Rubén Moreira.
La iniciativa va dirigida hacia la reforma del sistema penal, donde se prevé el proceso oral, con el fin de que haya igualdad entre las partes y las pruebas se desahoguen públicamente. La nueva ley entrará en vigor hasta el 1 de junio de 2013, y con ello "se modernizará la justicia impartida en el estado", de acuerdo a lo que establece la iniciativa aprobada.
En la lectura del documento se explicó que el nuevo procedimiento penal será un factor esencial para el funcionamiento del sistema político, como un proceso democrático e igualitario. En cuanto a los testigos que participen en los juicios orales éstos contarán con protección judicial en caso de que exista la posibilidad de amenazas en su contra.
En el caso de los testimonios especiales relacionados con delitos sexuales y secuestros, se llevarán a cabo en audiencias privadas y con el auxilio de familiares. Asimismo se establece que en caso de haber pruebas suficientes o las partes involucradas se presente frente al juez, éste tendrá la obligación de dictar una sentencia en un período máximo de 24 horas, después del juicio celebrado. Además dentro de la ley aprobada se concede al Ministerio Público facultades para desestimar algunos casos, con el fin de seguir los delitos que afecten a la sociedad. Dentro de los objetivos de la reforma se pretende que haya mayor claridad y precisión en los roles de los órganos que intervienen en el proceso penal, además de valorizar el juicio como una instancia institucional para la vigencia de la ley y la resolución de los conflictos penales.
En relación al Ministerio Público se sustituye el sistema mixto que impera en esta materia, por uno acusatorio en el que el Ministerio Público ya no tendrá las excesivas facultades con las que ahora cuenta en orden al valor de las pruebas que recaba por escrito, casi sin intervención del imputado, anulando su defensa.
EL SIGLO DE TORREÓN
