El Congreso Local aprobó una reforma a la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado que obliga a la dependencia a contar con investigadores especializados en la persecución de delitos contra periodistas.
La reforma también contempla que el personal competente lleve a cabo indagatorias sobre agresiones a personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, así como a la libertad de expresión e imprenta.
El proyecto original de reforma contemplaba la creación de la figura de Ministerio Público especializado en investigar delitos contra periodistas o medios de comunicación, pero este punto fue modificado.
Los diputados de la 59 Legislatura local aprobaron la adición que establece que “la PGJE deberá contar con personal competente para la investigación y persecución de delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, en el Estado de Sonora”.
También obliga al titular de la Procuraduría de Justicia establecer y dar a conocer públicamente las agencias del Ministerio Público que serán responsables del desahogo de las acciones inherentes a la función de procuración de justicia, respecto de los delitos señalados.
Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalan que a la fecha suman 82 casos de homicidios en agravio de periodistas registrados en los últimos 12 años. El caso más reciente ocurrido en el estado de Sonora es el del reportero de “El Regional de Sonora” y “Diario de Sonora”, Marco Antonio Ávila García, secuestrado el 17 de mayo en Ciudad Obregón y localizado sin vida un día después entre los municipios de Guaymas y Empalme.
