El Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad de votos dar inicio a un proceso de juicio político en contra del exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, y el exsecretario de Seguridad Publica y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, por la muerte de dos estudiantes normalistas durante un desalojo policiaco de la Autopista de Sol, el pasado de 12 de diciembre de 2011.
Con 34 votos a favor y una abstención, la tarde de ayer martes los diputados locales dieron entrada a los procesos de juicios políticos en contra de los dos exfuncionarios de la administración de Ángel Aguirre Rivero.
El diputado presidente de la comisión instructora, Omar Jalil Flores Majul, presentó ante el pleno del congreso local el dictamen de valoración en torno a la recomendación que hizo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para llevar a juicio político a los exfuncionarios relacionados con el desalojo violento de estudiantes normalistas.
El legislador dijo que en consideración a las observaciones hechas por la CNDH y los fundamentos que existen en los códigos penal y civil del estado de Guerrero, se encontraron elementos para entrar al análisis del juicio político en contra de los exservidores públicos.
Dijo que una vez aprobado el inicio de análisis de juicio político, en los próximos días la comisión instructora citará a todos los actores involucrados en el caso Ayotzinapa, a efecto de que cada uno presente sus argumentos antes de que los diputados presenten el dictamen final.
Durante el período de análisis y discusión del dictamen en mención ningún diputado hizo uso de la palabra en la tribuna, por lo que de inmediato se aprobó por unanimidad de votos.
