La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de arraigo por 40 días contra un sujeto como probable responsable del delito de pornografía infantil, en su modalidad de producción, almacenamiento y transmisión de imágenes y videos en la red pública.
En un comunicado, la PGR informó que la solicitud de arraigo la hizo el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) al Juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
En este caso, se informó que la Representación Social de la Federación inició la averiguación previa PGR/FEVIMTRA/131/2012, derivada de una denuncia que tuvo como origen un reporte del National Center for Missing and Exploited Children, a la Policía de México, que a su vez formuló denuncia ante la Fevimtra.
La investigación se concretó con la colaboración de la Agregaduría del ICE Homeland Security Investigations (HSI) en la Embajada de Estados Unidos en México, identificando que el sujeto activo operaba desde Martínez de la Torre, Veracruz.
Se estableció además que el presunto responsable, a través de Internet, supuestamente producía, almacenaba y transmitía imágenes y videos de pornografía de personas menores de 18 años de edad.
En este caso, el trabajo en conjunto con las referidas agencias policiales, así como la debida preservación y dictaminación de la evidencia digital, de conformidad con los protocolos de actuación ministerial, permitieron a la PGR obtener una orden de cateo, al domicilio del probable responsable.
En el lugar se logró el aseguramiento del presunto responsable, así como de diversos dispositivos de almacenamiento de información, entre ellos dos computadoras portátiles, siete teléfonos celulares, cinco memorias usb y sd, una videocámara, un DVD y un reproductor de música, en los que se identificaron imágenes y videos de pornografía infantil.
De esta forma se solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo por 40 días contra el indiciado, a fin de allegarse más evidencias para perfeccionar la investigación y agotar la línea de investigación que permita identificar a otros probables responsables, así como a las víctimas del delito.
