El secretario de Seguridad Pública estatal, Damián Canales Mena, informó que cinco funcionarios del Centro de Readaptación Social de Pachuca, entre ellos el jefe de seguridad, se encuentran arraigados acusados de extorsión a los internos.
Asimismo, señaló que tras la riña que dejó dos muertos el pasado jueves, 23 reos fueron traslados a otros penales del estado.
El jefe policiaco dijo que derivado de las investigaciones por la riña suscitada la semana pasada por el control del penal, se determinó la responsabilidad de cinco funcionarios, a quienes se les señala del delito de extorsión, entre ellos al jefe de seguridad, Felipe Fuerte Sánchez, el comandante de turno, Tomás Gustavo Rodríguez, y el comandante Severiano Hernández Bautista.
De igual manera, se solicitó al juez el arraigo de los custodios Joaquín Solorio y Jonathan Saúl Mejía Moreno.
"De surgir más información que pudiera involucrar a otros funcionarios, que no haya duda porque vamos a actuar en consecuencia", sentenció el secretario de Seguridad, quien afirmó que no se permitirá que ningún grupo tome el control del penal.
Dio a conocer que el fin de semana se registró una nueva riña entre dos internos, por lo que se determinó trasladar a 23 reos.
"Nosotros no podemos estar esperando ese tipo de situaciones, que se los lleven a penales federales. Decidimos con la información que surgió el jueves y derivado del sábado, que por lo más sano teníamos que trasladar a todos los que de alguna manera participaron en este tipo de ilícitos ".
Aclaró que los internos no fueron llevados a penales federales, sino a cárceles de la misma entidad. Del total de reos, 16 fueron llevados al penal de Jaltocan que está considerado como uno de los más seguros en Hidalgo, el resto a Apan, Mixquiahuala, Tula y Tenango de Doria.
"No se trata de trasladar el problema de un lugar a otro, yo creo que ahora Jaltocan tiene mejores condiciones de seguridad y otros siete se van a otros ceresos; estimamos que con eso agotamos las probabilidades de que vaya a surgir otra situación", dijo Canales Mena.
"Tienen que entender al interior del Cereso que no vamos a permitir que haya grupos de poder que tomen el control, o que vaya haber un autogobierno en el penal, vamos a ir hasta las últimas consecuencias tanto con los internos, como con los funcionarios públicos que lo hagan por su voluntad o por omisión. El orden tiene que quedar restablecido", acotó.
Por su parte, el procurador de Justicia, Alejandro Straffon Ortiz, afirmó que de las diligencias que se han realizado a través de nueve ministerios públicos tras la riña que dejó en el penal de Pachuca dos internos fallecidos, se encontró como probables responsables a 11 reclusos.
Explicó que declararon 21 personas, 11 de las cuales dijeron que hay autoridades que les permitían conductas indebidas, por lo que el juez cuarto de lo penal concedió el arraigo en contra de cinco funcionarios del penal.
