Los estudiantes desaparecieron un jueves, el 21 de junio, y le tomó a la Policía salvadoreña casi tres semanas descubrir la fosa común donde sus restos fueron enterrados.
En la horrífica escena, el 11 de julio pasado, un investigador de la Policía ocultaba su identidad tras un pasamontañas por temor a represalias, mientras sacaba los restos de uno de los jóvenes. El menor de los cinco escolares tenía 15 años.
Una de las madres lloraba mientras los cadáveres eran extraídos junto a sobras de comida y cubiertos. Cuadernos escolares fueron hallados cerca.
Un reclutador de una pandilla, dijo el investigador policial, trató de convencer a los jóvenes de unirse al grupo criminal usando un método usual: ofreciendo una cena, pastel y refrescos.
Cuando se resistieron, dijo, fueron asesinados.
El general David Munguía Payés, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, Héctor Mendoza Cordero, confirmaron que los asesinatos fueron obra de la Mara Salvatrucha, o MS-13, una de las pandillas salvadoreñas que junto a Barrio 18, frecuentan zonas escolares para reclutar estudiantes casi siempre a la fuerza.
Seis meses después de que el gobierno salvadoreño avalara una histórica tregua entre esos dos poderosos y archirrivales grupos criminales, para reducir la terrorífica tasa nacional de homicidios, altos funcionarios públicos ahora se encuentran divididos sobre si el acuerdo realmente funciona.
A principios de marzo, MS-13 y Barrio 18, se comprometieron a poner fin a los asesinatos y a los reclutamientos forzados a cambio de mejores condiciones para sus líderes, que han dirigido el accionar de ambas pandillas desde la cárcel, lo que cuestiona el accionar de las autoridades de ese país.
