¿Se ha preguntado usted por qué en México (con algunas excepciones, como la saga de Héctor Belascoarán Shayne de Paco Ignacio Taibo II) tenemos pocas novelas policíacas? La sola idea de un inspector Poirot o un Sherlock Holmes mexicano suena casi inverosímil, pero no hay misterio en la dificultad del género: ocurre que en México, históricamente, la policía ha operado de manera "heterodoxa". Me explico.
Hace aproximadamente treinta años, ocurrió en el DF un secuestro que conmocionó a la opinión pública. Recuerdo vagamente sus detalles. El secuestrador era un torvo personaje de clase alta; la víctima, que fue hallada muerta, era una niña. La ola de indignación fue tal que, por excepción, la noticia salió de las habituales páginas de Alerta y Alarma y llegó a las primeras planas de los periódicos y los noticieros de la televisión. El sujeto fue casi inmediatamente aprehendido y, a los pocos días, apareció ahorcado en la prisión. Se habló de un suicidio, pero la versión extraoficial es que los propios presos, en connivencia con las autoridades del penal, lo habían "ultimado".
El caso ilustra el modus operandi de lo que, por un piadoso eufemismo, llamábamos "el sistema". Sabíamos que era corrupto, varios ilustres politólogos extranjeros que nos estudiaban con curiosidad de entomólogos veían esa corrupción como algo curioso, idiosincrático, natural y hasta positivo. "Es el aceite que permite lubricar la maquinaria", se decía, arguyendo que en "sociedades en desarrollo" la corrupción de un partido hegemónico era preferible a la dictadura o la anarquía. Lo que no se decía -por cinismo, ceguera, dogmatismo- era que esa práctica acostumbraba a las sociedades a la ilegalidad. Ninguno de esos teóricos o sus contrapartes mexicanas propuso entonces como alternativa la transición a un Estado democrático.
Volvamos al caso de aquel secuestrador. Con toda seguridad no fue localizado por las vías policiales propias de los Estados de derecho. El fenómeno, más bien, debió ocurrir así: alarmado por el escándalo en los medios, el Presidente llamó a su secretario de Gobernación, que llamó a su subsecretario, que llamó al director de Seguridad Nacional, que llamó al jefe de la Policía, que llamó a sus subordinados. Cada llamada debió incluir una amenaza abierta o tácita: "O lo encuentran o lo encuentran". Cada nivel temía por su cabeza. En la calle, los vasos comunicantes entre el crimen y la policía eran tan fluidos que unos podían confundirse con otros. Todo iba bien en el mundo de lo ilícito mientras se respetaran ciertas reglas o códigos que incluían la prohibición del secuestro. Por eso lo encontraron.
La transición democrática del año 2000 desmontó definitivamente "el sistema", aunque el cambio comenzó a darse desde la década final del siglo pasado. Alguna vez escuché a un secretario de Gobernación quejarse de que sus predecesores no habían dejado archivos. Pero a la distancia, cabe preguntarse si esos codiciados archivos existían en papel o sólo existían en la cabeza de unas cuantas personas claves, como el célebre don Fernando Gutiérrez Barrios, que estuvo en el centro neurálgico del poder y la inteligencia subterránea en México por cuarenta años. Caballeroso y sutil en extremo, la única ocasión en que hablé largamente con él me dio la impresión de omnisciencia, no sólo en el control autoritario de la violencia política sino también en la delincuencial. No me extrañaría que hubiese sido él quien, con su ascendiente y poder, lograra que aquel secuestrador apareciese en cuestión de días. La visibilidad de aquel crimen no "aceitaba" el sistema: lo trababa. Y arrojaba dudas sobre la fortaleza del Estado. Por eso, no tanto por cumplir estrictamente con la ley, se perseguía a los delincuentes que se salían del huacal.
Esto no quiere decir que en México no existieran policías honrados o no se practicara con seriedad el derecho penal. Pero, en las zonas que comprometían la seguridad nacional (guerrilla, crímenes de alta visibilidad, giros negros y, desde luego, el narcotráfico), el derecho (sus teóricos, sus litigantes, sus jueces y tribunales en todo nivel) pasaba a segundo plano. La "justicia" en esos ámbitos la ejercía, normaba o modulaba el propio Poder Ejecutivo a través de sus brazos políticos y policíacos. La justicia se supeditaba al poder central.
La democracia tuvo un efecto centrífugo sobre ese "sistema", con consecuencias positivas para el funcionamiento federal y municipal de México pero con el inconveniente de favorecer a los poderes ilícitos ligados a los políticos y policías corruptos. Por eso se ha necesitado construir la institución policíaca casi desde cero, comenzando por el nivel federal. La labor llevará muchos años.
Por elemental sentido común, el próximo gobierno y el Congreso deberán acelerar ese proceso de institucionalización mediante la adopción de 32 policías estatales coordinadas con la federal, o una policía única. Esa centralización dentro del marco federal es necesaria. Esos policías nuevos deben desaprender las reglas corruptas de aquel "sistema" así como aprender las reglas éticas y los métodos de combate al crimen que forman parte de un orden legal. Con una ventaja adicional: podremos leer, por fin, buenas novelas policíacas.