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Ataques al periodismo y generales en la cárcel con base en 'testigos protegidos'

En la línea

Félix Fuentes

La escalada de terror contra periodistas y medios informativos destaca en la larga lista de infortunios que heredará el gobierno de Felipe Calderón, quien debió autorizar a la Sedena el arresto de cuatro generales, un teniente coronel y un mayor para ser entregados a la PGR. Los militares reciben trato de criminales comunes.

Funcionarios panistas afirman que en México no hay terrorismo. Se niegan a ver los tres atentados al periódico El Norte de Monterrey, dos mediante fuego graneado y estallidos de granadas.

El tercero fue en oficinas del suplemento Sierra Madre, rociadas con gasolina en la "zona blindada" de San Pedro Garza García, ante dos patrulleros como meros espectadores.

El gobierno de Estados Unidos y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresan profunda preocupación por el clima de inseguridad para ejercer la libertad de expresión en México, pero el régimen de Felipe Calderón se concreta a emitir condenas y más condenas en voz de su secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, cuyas apariciones en la TV ofenden al gremio periodístico.

Más de 70 periodistas han sido asesinados durante este gobierno panista, debido a la infausta guerra contra el narcotráfico, pero tanto el primer mandatario como sus secretarios se quedan en las condenas. Igual como ha sucedido con militares y policías caídos "en el cumplimiento de su deber".

Monterrey es ejemplo de terror y asesinatos seriados. En la Sultana fue incendiada con gasolina la Distribuidora de Publicaciones DIPSA y fueron lanzadas bombas Molotov contra una tienda de Soriana. En el año han sucedido 833 ejecuciones en Nuevo León y el gobernador Rodrigo Medina es otro espectador.

Soriana responsabiliza a López Obrador, al coordinador Ricardo Monreal y al líder del PRD, Jesús Zambrano, por los daños que puedan sufrir sus empleados e instalaciones, debido a la incitación contra esa empresa. López Obrador se deslinda, pero lo han grabado cuando lanza a los jóvenes a protestar, "sin cometer actos violentos" ¿Y quién controla a las turbas desbocadas, como se vio en Iztapalapa?

LA MANO DURA contra el general Tomás Ángeles Dauahare y otros tres generales no es aplicada con esa fuerza a la delincuencia organizada. Los militares fueron recluidos en la prisión de alta seguridad del Altiplano del Estado de México, por supuestos nexos con el narcotráfico.

La Secretaría de la Defensa Nacional entregó a los generales a la PGR. Esta decisión es contraria a los reclamos de esa dependencia al Congreso de la Unión para no legislar en el sentido de que los militares sean enjuiciados por autoridades civiles.

Ángeles Dauahare ha dicho a medios informativos de sus dificultades con el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, a causa de las cuales fue destituido como subsecretario de la Defensa Nacional.

Cuando faltaban tres días para cumplir los arraigos de 60 días, Ángeles y los también generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna fueron traslados, de noche, al penal de alta seguridad del Altiplano, Toluca.

Se les acusa de delincuencia organizada y brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva, con base en los dichos del testigo protegido "Jennifer", licenciado de nombre Roberto López Nájera que vive en Estados Unidos y desde allá envía sus versiones.

A López Nájera le mató un hermano el capo Edgar Valdez Villarreal "La Barbie", pero continuó trabajando con él y en 2010, tras regresar de Centroamérica acudió a la PGR a ofrecerse como testigo protegido. Para empezar acusó al general Ángeles de vínculos con los narcos.

También dijo el testigo protegido "Jennifer" que en 2007 se reunió con el general Roberto Dawe, a quien pidió el acceso total de aviones a Cancún y "La Barbie" mandó 30 mil dólares al general Pérez Ramírez "para ablandarlo" y éste dijo que no acostumbraba recibir dinero, pero lo aceptó "como regalo".

A esas versiones les dio crédito la SIEDO así como a las del traficante Sergio Villarreal "El Grande" ya extraditado a Estados Unidos. ¿Aceptará esos cargos el juez federal Raúl Valerio Ramírez?

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