El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Miguel Ontiveros Alonso, subrayó que el ánimo del Estado de respetar las garantías fundamentales está muy claro, además de que “jamás se puede ni se debe violar la ley para hacer cumplir la ley”.
Después de inaugurar el Congreso Internacional de Atención a Víctimas del Delito, aseveró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Florence Cassez es muestra de que en el país hay instituciones fuertes y se vive un modelo de Estado democrático de derecho en el que se escucha a las partes.
“Creo que se ponderaron y valoraron tanto los derechos de las imputadas, como debe ser en un Estado democrático, pero también se valoraron debidamente, antes que nada, los principios rectores de la dignidad de las víctimas”, planteó.
En ese sentido, dijo que habrá que esperar el nuevo proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero y “por supuesto, yo les confirmo que la Procuraduría General de la República (PGR) respeta absolutamente el fallo de la Suprema Corte y estará pendiente para el siguiente proceso, para darle seguimiento conforme a derecho”.
Respecto a las supuestas violaciones a los derechos humanos de la ciudadana francesa, Ontiveros Alonso expresó que hay opiniones pero no una decisión firme por parte de la Suprema Corte en ese sentido.
Subrayó que al respecto hubo tres resoluciones claras y contundentes de un juez de distrito, un tribunal unitario y uno colegiado que ratificaron la responsabilidad penal de los implicados en el delito de secuestro que ahí se señala.
Sobre la posibilidad de que se investigue a personas que presuntamente violentaron los derechos de Cassez dijo que para cualquier investigación tendrá que esperarse la decisión final que tome la SCJN, y que la PGR estará pendiente para esos efectos.
Al preguntarle su opinión sobre la alusión que cuatro ministros hicieron a presuntas violaciones graves en el caso, indicó que esa situación “nos tiene que poner alerta de que todos los procesos en un Estado constitucional tienen que ser regidos conforme a derecho, ya que la Constitución, los instrumentos internacionales y el Código Procesal Penal tienen que interpretarse de forma que no generen impunidad”.
El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad consideró que la línea más plausible que se dictó la víspera por la Suprema Corte es la de solventar los errores que se hayan cometido durante el procedimiento, ratificar la responsabilidad penal del inculpado y que se cumpla la sentencia correspondiente.
“Jamás se puede ni se debe violar la ley para hacer cumplir la ley, las leyes son muy claras, los instrumentos internacionales son muy claros y también el proceso penal lo es”, remarcó.
Por ello insistió en la necesidad de apegarse a la reforma de derechos humanos, “pues el ánimo del Estado mexicano está muy claro de respetar los derechos humanos”.
