La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo que promovió una empresa que distribuye gas natural en la zona de Monterrey, derivado del cobro por coberturas que realizó la demandante a otra empresa con la que años antes firmó un contrato de distribución del combustible.
La Primera Sala de la Corte destacó que el asunto no se refiere a una relación comercial ordinaria, sino a una entre un permisionario para la distribución de gas natural y un particular, cuya peculiaridad es la naturaleza jurídica de las partes y el objeto del contrato: la distribución de gas natural, regulado expresamente por el artículo 27 constitucional.
Los ministros sostuvieron que la trascendencia de este caso es que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, les permitirá determinar, entre otros temas, si los particulares que se dedican al transporte, almacenamiento y distribución del gas están prestando un servicio público.
La Sala también podrá establecer cómo se deben interpretar las relaciones comerciales cuando éstas se presentan entre un particular ordinario y un particular que despliega un servicio público, cuyo objeto es un bien regulado expresamente por la Constitución.
Otro punto que podrá determinarse también es si una compañía, cuyo objeto es la distribución de gas natural, cuenta con libertad implícita para realizar cobros por cobertura o si, por el contrario, le está prohibido realizarlos.
El asunto, de acuerdo con el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, también posibilitará fijar un criterio con relación a qué se debe entender por servicio público, analizando si existe una diferencia sustancial entre los conceptos de permiso y concesión, así como ponderar, entre otros elementos, las repercusiones que este caso puede tener en la distribución de un bien tan importante para el desarrollo nacional como lo es el gas natural.
