La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer atraer siete amparos que promovieron empresarios laguneros contra el decreto del Congreso de Coahuila que autorizó utilizar como garantía de pago de la deuda pública recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte resolvió que el caso tiene trascendencia excepcional, pues le permitirá aclarar si los ciudadanos tienen derecho a promover amparos para cuestionar el destino asignado por las legislaturas a los ingresos públicos.
La Corte explicó que "el tema central se refiere a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por un gobernado contra actos de un Congreso local, relacionados con el reconocimiento, autorización, aprobación y orden de pago de la deuda pública de la entidad federativa; y, para el logro de estos fines, la contratación de empréstitos, refinanciamientos, la constitución de un fideicomiso, la afectación de su patrimonio y de los ingresos tributarios".
Los amparos contra el llamado "moreirazo" fueron promovidos el año pasado por empresarios de la Comarca Lagunera de Coahuila, inconformes con la decisión del Congreso de canalizar el cien por ciento de la recaudación del ISN a un fideicomiso que sirve como garantía de pago de los créditos por 33 mil 865 millones de pesos, parte de los cuales fueron contratados con documentación falsa y otros métodos fraudulentos.
Pero los amparos fueron desechados en octubre por dos jueces federales de Torreón, quienes los consideraron improcedentes porque, desde su perspectiva, los ciudadanos carecen de interés jurídico para reclamar actos de un Congreso estatal relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos.
Ante esto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción del caso.
Ayer la Corte decidió que tiene que aclarar si, para llegar a esa conclusión, los jueces primero debieron admitir las demandas y tramitar los juicios, en vez de resolver de inmediato sin mayor trámite.
Si la Corte ordena admitir las demandas, los expedientes volverán a Torreón para el desahogo de los juicios, donde las autoridades de Coahuila podrán defender la constitucionalidad del Decreto 536 publicado el pasado 29 de septiembre, con el que se autorizó el refinanciamiento de la deuda.
"La decisión que llegue a emitirse es susceptible de afectar e impactar a los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos y con ello, el bienestar así como la estabilidad social", consideraron los ministros.