Aumentan menores ligados a narcodelitos

En los últimos seis años se incrementó 139% el número de menores de edad que fueron presentados en las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por la comisión de presuntos delitos federales; destaca que de los 7 mil 752 infractores, 67% se trató de casos vinculados con ilícitos del crimen organizado y narcotráfico, en sus diversas modalidades, como el narcomenudeo.

Pese al aumento de menores de edad que son asegurados y que en su mayoría están ligados a la operación de redes del crimen organizado que los utilizan, en el país sólo existen ocho agencias del Ministerio Público federales especializadas para atender los casos en que estos infractores se ven implicados, revela un reporte del Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR.

Según el documento, entre enero de 2006 y diciembre de 2011 fueron puestos a disposición de las agencias o mesas federales un total de 7 mil 752 menores (7 mil 40 hombres y 712 mujeres) por presuntas violaciones al Código Penal Federal.

La información detalla que en 2006 se trasladó a las delegaciones estatales de la PGR a 777 adolescentes; en 2007 fueron mil dos; en 2008, mil 82; en 2009, mil 337; en 2010, mil 697 y en 2011 se reportaron mil 857.

Al desglosar los datos por entidad y tipo de delito, las violaciones contra la salud previstas en los artículos 194 a 198 del Código Penal Federal, en la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como de Delincuencia Organizada, representan la mayoría de casos. Por ilícitos relacionados con el narcotráfico 5 mil 200 menores fueron presentados durante los últimos seis años.

Destaca que siete entidades concentran 60% de los infractores relacionados por delitos contra la salud, como venta o distribución de drogas: Baja California, 746; Guanajuato, 629; Distrito Federal, 611; Jalisco, 469; Sonora, 278; Chihuahua, 226, y Sinaloa, 178.

El documento revela que otras violaciones al Código Penal Federal por las que fueron presentados ante una agencia de la PGR son delitos fiscales, patrimoniales, robo a bancos, ambientales, delincuencia organizada, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Las entidades donde más infractores han sido presentados por diversos delitos son Baja California, mil 184; Distrito Federal, 798; Guanajuato, 777; Jalisco, 619; Sonora, 417; Chihuahua, 384; Tamaulipas, 319; Guerrero, 279; Sinaloa, 259, y Chiapas, 223.

 FALLAS EN ATENCIóN A MENORES En contraste con el incremento de los presuntos infractores, en el país sólo existen ocho agencias especializadas y 12 agentes del Ministerio Público para atender los casos

Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia México (Redim), explicó que la falta de agencias del Ministerio Público, así como personal especializado para atender a los menores, muestra un sistema de justicia en el que sólo se busca castigar.

"Se conoce como doctrina de situación irregular que ha prevalecido hasta ahora en el sistema de justicia, tanto en el de adultos como en el de menores de 18 años, y está sustentado en una visión de castigo, es decir que todo aquello que esta fuera de la norma tiene que ser institucionalizado y castigado", dijo.

María Sierra, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseveró que es necesario un protocolo de atención a menores a nivel nacional que incluya un tratamiento especial, basado en la asesoría psicológica y no en el internamiento.

"No tenemos un protocolo a nivel nacional. Se debe crear un sistema de atención a los menores con un rango de edad de 12 a 18 años, en el que se capacite, sensibilice y eduque al personal que va a estar asignado a este nuevo sistema", destacó.

Para Pérez García el problema radica en que los gobiernos prefieren castigar y no prevenir, debido a que es más barato mantener a los jóvenes encerrados, pese a que es situación es mucho más costosa socialmente a largo plazo.

"Lo más barato para los gobiernos en el mundo es encerrarlos, pero esta medida es mucho más dañina, porque a largo plazo sale más caro en impacto social, porque no es ningún secreto que los menores salen enlazados a los grupos criminales, no hay prevención", afirmó.

De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la República, en los estados Coahuila y Sonora hay dos mesas de atención ministerial por cada entidad, mientras que en Colima, Jalisco, Nuevo León y Sonora sólo hay una por estado.

En lo que se refiere al personal asignado para atender las agencias o mesas, la delegación de la PGR en Nuevo León cuenta con cuatro personas y en Coahuila y Sonora tienen dos agentes por dependencia, en tanto que en Colima, Jalisco y Sinaloa cuentan solamente con una persona por cada entidad.

Además de la falta de ministerios públicos y personal especializado en atención a menores, ninguna de las delegaciones de la PGR tiene un protocolo para tratar a los infractores mientras se encuentran en sus instalaciones, sólo en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas existen acuerdos que datan de 2006, mientras que en Nayarit y Oaxaca se atiende a los menores con base en una circular girada por la PGR en 1999.

Los especialistas consultados mencionaron que la carencia de una ley en justicia para menores habla del desinterés que hay en las autoridades.

"La falta de una ley en justicia para los menores da cuenta de que el tránsito es lento por falta de voluntad política, porque esto implica y significa dinero, replantear y notar que hay pocos ministerios públicos especializados, y eso significa hacer una inversión fuerte para capacitar a la gente, significa readecuar instalaciones, implica generar otro sistema u otro sistema distinto que no esté pensado en el encierro", refirió el director de Redim.

María Sierra comentó que "ya se comenzaron a hacer algunas adecuaciones, porque nos dimos cuenta de que no era la mejor manera para atender al adolescente que comete delitos. No podemos negar que tenemos jóvenes que tienen una serie de necesidades y problemas".

Manifestó que es necesario encauzar la norma para atender la situación real por la que atraviesan los jóvenes y adolescentes en el país, y obviamente sin perder de vista que están en formación. La ley prevé un tiempo de planeación, y se considera que dos años son suficientes para que se cuente con un sistema que opere bajo un nuevo marco de ley.

Sin embargo, aunque sea aprobada la ley, señaló Juan Martín Pérez, ésta entraría en vigor hasta dentro de dos años, lo que no soluciona el problema a corto plazo.

"En el caso de México se logró en 2005 la modificación al artículo 18 constitucional, pero fue hasta 2011 cuando se envió a los diputados este proyecto para su revisión, pero en marzo de este año fue cuando la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados lo lleva al pleno con pequeñas modificaciones y lo aprueban, pero como hicieron ajustes tiene que regresar a los senadores", explicó Sierra.

El experto dijo que sólo existe un protocolo especializado en menores que fueron víctimas del crimen organizado, y que entre sus lineamientos incluye la capacitación del personal operativo (policías) y ministerios públicos, así como asesorías para atender al menor con ayuda psicológica, pero que no es suficiente ante el fenómeno de incremento de infractores asociados cada vez más a delitos de alto impacto.