La pena de muerte en California se convirtió "en un monstruo fiscal y en una bestia legal", criticó hoy el ex senador John Briggs, autor de la ley de 1978 que mantiene vigente la pena capital en el estado.
Briggs indicó que desde este martes se une a una campaña que busca reunir más de tres cuartos de millón de firmas de electores para sustituir la pena capital por la cadena perpetua en California.
"Sigo pensando que la sociedad debe estar protegida ante atroces criminales y que no merecen volver a salir libres, pero me gustaría verlos cumplir sus sentencias con la población (carcelaria) general, donde tengan que trabajar y pagar para compensar a sus víctimas", dijo.
Briggs cuestionó sobre todo el alto costo de la aplicación de la pena de muerte en California, "que no hace nada por las víctimas y más bien beneficia a los abogados que promueven costosas apelaciones y a los criminales, que pueden mantener vivos sus casos de forma interminable".
California ha gastado más de cuatro mil millones de dólares en aplicar la pena de muerte a 13 sentenciados desde que la ley entró en vigor hace 34 años.
Casi todo ese capital ha sido para pagar abogados de condenados, de acuerdo con cifras oficiales.
Un total de 92 condenados a muerte en California han perecido por causas distintas a la aplicación de la pena máxima desde que se aprobó la ley.
El ex senador Briggs dijo que cambiar la pena de muerte por la cadena perpetua y llevar a los condenados con la población carcelaria general sería una manera de "corregir el rumbo 34 años después".
Tanto Briggs como un hijo suyo, el actual supervisor del condado El Dorado, del mismo nombre, se sumaron a la campaña llamada Ahorro, responsabilidad y Aplicación Plena (de la ley) cuyas sigas, SAFE, forman la palabra inglesa "seguro".
SAFE informó que para este miércoles, 15 de febrero, todas las peticiones de electores deberán estar en sus oficinas en San Francisco para cumplir con el requisito de reunir las firmas en un plazo específco que otorgó la Secretaría de Estado de California.
