Novedades. Las víctimas del delito serán protegidas. (NOTIMEX)
Cambios de identidad, de trabajo o escuela, apoyos económicos temporales para manutención, custodia policial y la salida del país son los beneficios que contendrá el nuevo programa de "testigos protegidos" del Gobierno federal, que ahora incluye no sólo a delincuentes, también víctimas, menores de edad, policías, peritos y jueces que participen de un proceso penal por delitos graves o delincuencia organizada y que estén en situación de riesgo o peligro.
Así lo establece la nueva Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal que entrará en vigor en 6 meses y prevé la creación de un Centro Federal de Protección a Personas, como un órgano de la Procuraduría General de la República con autonomía técnica y operativa, a cargo de un director designado por el Ejecutivo federal.
La norma se expedirá hoy viernes en el Diario Oficial de la Federación anunció la titular de la PGR, Marisela Morales, quien destacó que esta ley es "un instrumento jurídico invaluable para garantizar la integridad de las personas que exponen aún la propia vida por su participación en los procedimientos penales".
Podrán incorporarse víctimas, ofendidos, testigos, peritos, policías, agentes del Ministerio Público, jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como otras personas cercanas a las señaladas (familiares), y cuya participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada, les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo.
Las medidas de asistencia o seguridad temporales que proporcionará el Estado, según el caso podrán ser: tratamiento psicológico, médico y sanitario, a través de los servicios de asistencia y salud pública; traslado de las personas protegidas a distintos lugares y custodia policial.
En algunos casos, en base en circunstancias propias, también se podrá dar una nueva identidad a la persona; se incluye alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, entre otros; así como cambio de domicilio, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona.
Morales detalló que para aquellos que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia se tomarán otras medidas como la separación del resto de la población; asistencia en la gestión de trámites y asesoramiento jurídico gratuito.
En caso que una persona desee ser trasladada a otro país para colaborar por tiempo indeterminado con las autoridades de esa nación, dependerá de la aceptación de las autoridades extranjeras, para que se gestione ante autoridades migratorias de ambos países la salida de México.
Para garantizar la aplicación de estos derechos se creará el Centro Federal de Protección a Personas, ante el que el Ministerio Público de la Federación solicitará la incorporación de una persona al programa; sus datos serán clasificados como confidenciales y en el proceso se reservará su identidad en las diligencias en que intervenga; además, se hará uso de métodos que imposibiliten su identificación visual o auditiva.
"Quienes se incorporen no pueden condicionar su ingreso o estadía en el mismo" y una vez que se forma parte del programa la persona adquiere obligaciones a través de un Convenio de Entendimiento, en el que se abstiene de informar su ingreso o divulgar información del funcionamiento del mismo, de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad y del Programa, aunque se podrá renunciar de manera voluntaria a las medidas de protección.
Entre las causas para revocar o terminar el programa se prevé que la persona protegida "se conduzca con falta de veracidad; que ejecute un delito doloso durante la permanencia en el programa, que no cumpla con las medidas de protección correspondientes o se niegue a declarar".
