Decisión. Aspecto de la sesión de ayer miércoles del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
El Consejo General del IFE aprobó el acuerdo para blindar las elecciones frente al crimen organizado.
El documento obliga los partidos políticos a evitar realizar apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal, similar contra cualquier persona.
El acuerdo fue aprobado a propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dicho partido presentó una propuesta de redacción el 16 de enero. El documento no contempla la posibilidad de aplicar el polígrafo, realizar antidoping y exámenes psicológicos a los candidatos, como lo había propuesto el Partido Acción Nacional (PAN).
Precisa en cambio que los institutos políticos maximizarán el principio de publicidad y transparencia respecto de la trayectoria de sus aspirantes a algún cargo de elección popular, así como de las operaciones financieras que realicen durante la precampaña y campaña.
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, aclaró que es "responsabilidad intransferible" de los partidos seleccionar candidatos comprometidos con la democracia y que el instituto no asumirá el rol de "ministerio público".
"Ni el Gobierno federal debe revisar los gastos de campaña de los partidos ni el IFE asumir labores de ministerio público", aseguró Valdés Zurita.
Recordó que la seguridad y la estabilidad política corresponde a los distintos niveles de gobierno y que las tareas del IFE se circunscriben a organizar elecciones, distribuir tiempos en radio y televisión y fiscalizar recursos de partidos políticos.
"La estabilidad política es un prerrequisito de la democracia. La seguridad pública y la presencia del crimen organizado son temas que hoy preocupan a la sociedad mexicana", reconoció.
Pablo Gómez, consejero por el Poder Legislativo aclaró que este acuerdo no podría ser obligatorio para los partidos políticos.
Sobre los controles de confianza sugeridos por el PAN, Laborde aseguró que serían medidas extralegales que correspondería en todo caso tomar a los partidos políticos.
