El combate al crimen agregará a las compañías de servicios de telecomunicaciones, que por ley deberán apoyar al Ministerio Público Federal (MPF) a bloquear aparatos y ubicar geográficamente a quienes cometan delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas.
Este instrumento para combatir delitos de la delincuencia organizada, "los demanda la sociedad", explicó en tribuna la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, al señalar que es un reclamo permanente que en las casi 400 cárceles del país no puedan funcionar teléfonos celulares, como lo manda la reforma que pasa al Ejecutivo para su publicación.
El pleno de los diputados aprobó estas disposiciones por 315 votos a favor, seis en contra y siete abstención, al tiempo de que el presidente de la mesa directiva, Guadalupe Acosta Naranjo ordenó enviar el decreto al Ejecutivo para los efectos de su puesta en vigor.
Así, "en la Cámara de Diputados velamos por la seguridad de la población", expuso la legisladora, en una ronda de posicionamiento en los que la oposición de izquierda se opuso a los nuevos ordenamientos, por encontrar que se autoriza legalmente la comisión de arbitrariedades contra civiles.
Los diputados aprobaron el tema que les remitió el Senado y que dicta directrices para que los centros penitenciarios cuenten con equipos para anular señales de teléfonos móviles, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
Arturo Zamora expuso ante el pleno que desde las 429 cárceles del país, cada día se llevan a cabo unas seis mil llamadas con fines de extorsión y de secuestro.
La nueva legislación impone penas de un año a cinco años de prisión, y de mil a 10 mil días multa al concesionario que se rehúse a cumplir una orden del MPF de, por ejemplo, ubicar aparatos emisores de señales, así como bloquear el uso de aparatos robados o extraviados por sus propietarios.
Las disposiciones agregadas al marco jurídico incluyen que cada cárcel contará con equipos que permitan bloquear o anular señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro de los penales. Tales aparatos serán operados por una autoridad distinta a la de los presidios, en centros remotos.
