Con los votos en contra de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Congreso local reformó la Ley de Seguridad Pública del estado para que se brinden medidas de seguridad personal a los candidatos a gobernador y evitar que sean objeto de atentados que les pueda costar la vida a manos del crimen organizado.
También se les otorgará seguridad a los candidatos a diputados y alcaldes, siempre y cuando lo soliciten a través del consejero presidente del Instituto Electoral y de participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
En el dictamen aprobado en la sesión pública de esta tarde, se señala que en las campañas proselitistas, los candidatos a gobernador se encuentran "expuestos a sufrir ataques en su persona y la de sus familiares por parte de los grupos delincuenciales que pretenden demostrar su poderío".
Citó el caso del atentado perpetrado en contra del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Roberto Torre Cantú, asesinado junto con seis personas más.
"Razón por la cual para prever un suceso similar en nuestra entidad, se considera necesario garantizar la seguridad personal de quienes sean candidatos al cargo de gobernador, diputados y presidentes municipales".
En Tabasco se realizarán elecciones para gobernador, 17 alcaldes y 35 diputados, el próximo 1 de julio, y ya han sido nominados como abanderados a la gubernatura por el PAN, Gerardo Priego Tapia; por el PRD-PT-MC, Arturo Núñez Jiménez, y por el PRI-PANAL-PVEM, Jesús Alí de la Torre, quien incluso ya utiliza una camioneta blindada para sus traslados.
Los registros de los candidatos ante el organismo electoral se realizarán del 1 al 10 de mayo, e iniciarán sus campañas proselitistas a partir del 14 de ese mismo mes.
El nuevo artículo 76 de la reformada Ley, señala que en periodos electorales, las autoridades estatales de Seguridad Pública deberán brindar las medidas de seguridad personal a los candidatos a esos cargos de elección popular.
Igualmente, se aprobó se otorgar seguridad a quienes dejen los cargos de gobernador, secretario de Gobierno, procurador y subprocurador General de Justicia, secretario de Seguridad Pública, presidente del Tribunal Superior de Justicia y director de Averiguaciones Previas, así como a sus familiares en línea descendente y ascendente hasta el primer grado.
También se podrá dar seguridad personal a otros ex servidores públicos que lo soliciten "y la requieran como consecuencia del riesgo asumido en el desempeño de sus atribuciones".
La oposición del PRD se centró en que los ex funcionarios públicos no merecían ser privilegiados, pues con ello existirían gente de primera y de segunda en Tabasco.
El diputado perredista Luis Rey Rodríguez, dijo que el PRD votaba en contra pues, dijo, se trataba de una medida insultante para la población que vive en la inseguridad y no existe nadie que la proteja.
El diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres, consideró que primero se tenía que estimar el costo de la seguridad que se brindaría a los ex funcionarios públicos, y señalar la cantidad de personal que se destinaría para resguardarlos.
