Visita. Las Diputadas Iridia Salazar y Evelin Trigueras, acompañada de su hijo, en la sesión de la Cámara de Diputados.
Los diputados aprobaron una Ley Federal Anticorrupción que incluye a los particulares como sujetos de la comisión de actos de corrupción, para los cuales se establecen sanciones administrativas, y lograr transparencia y apego al marco jurídico en las contrataciones públicas.
En San Lázaro se aplicaron ajustes de precisión a la minuta que había enviado el Senado, cámara a la que regresó la ley para su revisión final y luego, en su caso, ser remitida al Ejecutivo, que la propuso al Congreso en marzo de 2011.
El dictamen fue aprobado por 335 votos a favor, 13 en contra y cuatro en abstención, con críticas de la oposición de izquierda que subrayó que se trata de un instrumento inútil para atacar la corrupción, en tanto que el dictamen subraya la inclusión de particulares en el espectro de la ley y el cumplimiento de tratados internacionales anticorrupción.
El Gobierno federal es el mayor adquiriente de bienes y servicios, y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas incluye a personas físicas y empresas particulares entre quienes pueden ser sancionados, en caso de que traten de influir en una adjudicación con actos de corrupción.
La ley señala que serán objeto de sanción los particulares que incurran en actos de cohecho, confabulación, simulación, tráfico de influencias, presentación de información falsa, entre otras formas.
Son sujetos de sanción particulares y empresas mexicanos y extranjeros, además de que sus normas se aplicarán en concursos, convocatorias, licitaciones públicas, mediante los cuales se otorguen permisos y concesiones federales y su prórroga.
Los diputados aprobaron una tabla de sanciones por actos de corrupción:
A las personas físicas, multa de mil salarios mínimos, esto es 62 mil 330 pesos, y hasta 50 mil salarios mínimos, equivalentes a tres millones 116 mil 500 pesos. También serán objeto de inhabilitación a participar en contrataciones públicas, de tres meses hasta ocho años.
Para personas morales las sanciones van de 623 mil 300 pesos (diez mil salarios mínimos) hasta 124 millones 600 mil pesos (dos millones de salarios mínimos) y la inhabilitación para concursar llega hasta 10 años de prohibición.
Para proyectos de gran tamaño, la sanción será equivalente a 35% del monto del contrato, en caso de que haya sido adjudicado al infractor.
Marcos Pérez Esquer (PAN) dijo que en acto de corrupción "tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata", en este caso el particular que ofrece a funcionarios algún beneficio.
