Penales. Al ser dictaminada por las dos comisiones de la Cámara de Diputados, quedó lista para ser discutida en el pleno cameral.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública aprobaron la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, que busca mejorar las condiciones en que viven los reclusos al reducir la sobrepoblación.
La iniciativa de ley fue enviada por el presidente Felipe Calderón hace un año, y al ser dictaminada por las dos comisiones de la Cámara de Diputados quedó lista para ser discutida en el pleno camaral.
El dictamen prevé un nuevo sistema de clasificación de internos con "pleno respeto a los derechos humanos" que distinga entre los procesados y los sentenciados.
Según la Comisión de Justicia hoy existen 223 mil internos en centros penitenciarios, pero sólo el 40% está sentenciado y el resto es procesado, pero se ubican en los mismos lugares, lo que causa la sobrepoblación.
Ahora se busca que ambos tipos de personas sean clasificadas para su separación, con lo que se privilegia el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad. Y adicionalmente se considera la reclusión, en establecimientos separados, de hombres y mujeres.
"Hoy todos están revueltos por eso está colapsado el sistema. Esta nueva ley es reglamentaria del artículo 18 constitucional y establece cuatro ejes de la reinserción social: la educación, el trabajo, la salud y el deporte, establece derechos, pero también limitaciones para los procesados y sentenciados", dijo el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño.
El dictamen crea además la figura de juez ejecutor de sentencias. responsable de fijar la duración de las penas -y no los directores de los centros de reclusión, además de que se establece el Servicio Civil de carrera para los custodios.
Otro elemento novedoso consiste en el establecimiento, por ley, de antenas inhibitorias para llamadas de teléfono celular.
Aunque el dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, se informó que al momento de ser discutido en el pleno de la Cámara se analizarán en particular dos elementos, uno referente a las condiciones de los menores de edad hijos de las reclusas, y otro sobre las diversas modalidades en las que, se prevé, pueda realizarse inversión privada en centros de reclusión.
