Expresiones.La diputada panista Rosi Orozco, quien preside la comisión especial de lucha contra la trata de personas, colocó maniquíes para pedir se discutiera el tema de feminicidios, durante la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de Trata de Personas y para la protección y asistencia a víctimas de estos ilícitos.
La nueva ley, que se aprobó con 315 votos, busca erradicar el grave problema de la trata de personas en México e incluye 129 artículos donde se establecen facultades de los tres niveles de gobierno para erradicar el delito.
Por falta de quórum, la Cámara de Diputados dejó "pendiente" la aprobación en lo particular de la Ley, pero se avaló el dictamen que impone penas de hasta 40 años de prisión a quienes realicen actos de explotación o abuso sexual en contra de menores de 18 años y crea un fondo para la atención de víctimas.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priista Humberto Benítez Treviño, refirió que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin. Por lo anterior, "se lograron los consensos necesarios para avalar este dictamen que establece sancionar el delito de esclavitud de 15 a 30 años de prisión, así como la pornografía infantil y la explotación sexual de mujeres y niños", agregó.
La diputada del PAN, Rosi Orozco y también presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, destacó que la trata de personas afecta cada año a 3.5 millones, de los cuales 90% son mujeres, adolecentes y niños.
El objetivo de esta ley es reglamentar el Artículo 73 constitucional, para establecer las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. Asimismo abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen establece que el padre, madre, tutor o persona con autoridad que entregue de forma ilegal, ilícita, irregular o mediante adopción a una persona menor de 18 años para que sea abusada o explotada sexualmente se le impondrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de dos mil a 20 mil días de multa.
Asimismo, especifica que se impondrán de cinco a 15 años de cárcel y de mil a 20 mil días de multa al que "enganche", transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación. Lo anterior también aplicará a quien someta a una persona a esclavitud, condición de siervo, prostitución forzada, explotación sexual y laboral, emplee a menores de 18 años en actividades delictivas, adopción irregular de personas, matrimonios forzosos para tráfico de órganos.
El dictamen otorga el derecho a la reparación del daño, entendido como la obligación del Estado y de los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar medidas para evitar que las víctimas sean revictimizadas o vuelvan a ser sujetas de los delitos materia de la ley.
