A propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó, en una primera instancia, reformas constitucionales para crear la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
En sesión ordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar una protección adecuada a periodistas veracruzanos.
Sin embargo, para que dichos cambios legales puedan hacerse efectivos, la reforma constitucional deberá ser aprobada en un segundo periodo ordinario de sesiones y al menos por la mitad de los 212 cabildos municipales del estado.
La reforma al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz es una respuesta del estado a la ola de violencia que azota al gremio periodístico, el cual en año y medio ha perdido a nueve de sus integrantes asesinados a manos del crimen organizado.
ÓRGANO AUTÓNOMO
La comisión tendrá la función de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.
La adición de la fracción V al articulado contempla que la Comisión estará facultada para resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de protección a los periodistas que lo soliciten, así como disponer los recursos y apoyos de orden material, económico o funcional que se requieran para la ejecución de su determinación.
Dicho organismo autónomo estará facultado para resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de protección a los periodistas que lo soliciten, así como disponer los recursos y apoyos de orden material, económico o funcional que se requieran para la ejecución de sus determinaciones, así como dictar los criterios y lineamientos de orden sustantivo para su efectivo cumplimiento.
También podrá presentar denuncias y quejas ante las instituciones de procuración y administración de justicia, o de defensa de los derechos humanos, cuando la esfera jurídica de los periodistas esté sujeta a amenazas, agresiones o riesgo inminente, como consecuencia del ejercicio de su profesión, y tramitar ante las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas de atención y protección.
