Bipolaridad constitucional
Muchos mexicanos se quejan de la pobreza de nuestro país; pero cuando alguien plantea cambiar la Constitución de fondo para facilitar la inversión productiva y la generación de empleos, son los primeros en rechazarlo.
Nuestra carta magna goza de una inmerecida popularidad. Poca gente se da cuenta de que la pobreza y las injusticias que tanto nos molestan son consecuencia directa de ella.
La popularidad se debe más a una intensa labor de adoctrinamiento que a un conocimiento real del contenido de la Constitución. Ésta no tiene en realidad un carácter definido pese a haber sido descrita como la primera constitución social en la Historia del mundo. El documento ha sido enmendado con tal frecuencia y ligereza que es simplemente contradictorio.
La Constitución de los Estados Unidos tiene siete artículos y 27 enmiendas en 225 años de historia. La española no ha sido modificada una sola vez desde su promulgación en 1978. Esta permanencia genera certeza jurídica, respeto a la ley y coherencia en un proyecto de nación. La Constitución mexicana, en cambio, ha sido objeto de centenares o quizá miles de cambios. Nadie parece llevar ya la cuenta.
El problema no radica sólo en las enmiendas. Las disposiciones que incluye han contribuido de manera fundamental a empobrecer al pueblo de México. El artículo 26, por ejemplo, establece un sistema de planificación central de la economía copiado del modelo soviético, que ha sido superado en la mayoría de los países del mundo. El artículo 27 pone límites a la propiedad de la tierra y a la inversión privada en campos como el petróleo, lo cual ha incidido poderosamente para disminuir la inversión y la prosperidad de nuestro país. El artículo 28 prohíbe los monopolios en su primera frase, en reflejo de la Constitución liberal de 1857, la juarista; pero después crea una serie de excepciones y permite a los sindicatos y las empresas gubernamentales en petróleo y electricidad ser monopolios abiertos en perjuicio de los mexicanos.
La Constitución establece también una serie de ‘derechos’ que no dejan de ser simples buenos deseos. Los mexicanos tenemos así el derecho a la educación, al trabajo, a un salario remunerador, a la salud, a la vivienda y a muchas cosas más. Pero el mismo documento dispone reglas que impiden que se genere la inversión que nos permitiría satisfacer estos buenos deseos.
Cada vez que algún político de buena fe quiere modificar la Constitución para promover una mayor inversión y creación de empleos, una perversa alianza de políticos se levanta para impedirlo. Lo que busca es, por supuesto, proteger sus propios intereses. Nuestra ley, por ejemplo, prohíbe que haya inversión privada en ductos petroleros o de gasolina, pero permite la transportación de estos productos en pipas privadas, lo cual es mucho más caro. Esta situación absurda se mantiene para permitir el enriquecimiento de unos cuantos líderes sindicales y sus allegados, los cuales manejan un cártel que controla las pipas.
La verdad es que los mexicanos ya no podemos seguir aceptando esta actitud bipolar. De nada nos sirve quejarnos de la pobreza y la falta de empleos si al mismo tiempo defendemos una Constitución que garantiza que nos mantengamos de manera permanente en esa situación.
Twitter: @sergiosarmient4