La Suprema Corte de Justicia estableció, por primera vez y de manera categórica, que las dependencias del Ejecutivo no pueden promover ningún tipo de litigio judicial para impugnar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información que son contrarias a sus intereses.
"Los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el IFAI al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento", estableció la Primera Sala de la Corte, en una tesis aprobada el 8 de febrero. A partir de 2003, año en que el IFAI comenzó a revisar solicitudes de información, 16 dependencias del Ejecutivo han promovido un total de 56 juicios en su contra.
La PGR ha presentado 30 de estas demandas, y es por mucho la dependencia más litigiosa. Los ministros se refirieron con mayor énfasis al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al que la PGR ha acudido en los últimos años. Varias salas regionales del TFJFA se han declarado competentes para conocer de estas demandas con el argumento de que no se puede dejar en "indefensión" a las dependencias del Gobierno, e incluso han llegado a revocar órdenes del IFAI, pese a que no hay ley que las faculte para ello.
"Resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al TFJFA del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el IFAI, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación", dice la tesis aprobada por unanimidad de los cinco ministros de la Primera Sala.
Ricardo Salgado, director Jurídico del IFAI, consideró que la tesis es un triunfo para el Instituto, luego de un largo camino de más de ocho años de tener que enfrentar litigios promovidos por las dependencias.
La tesis derivó de un amparo promovido por la hija del activista guerrerense Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, quien solicitó a la PGR acceso a la averiguación previa sobre este caso.
