Colocado en la lista de papas calientes a las que hay que lanzar por la ventana antes de cerrar el sexenio, por más que la raíz se sembró en la era priista, el Gobierno está cerrando el expediente Mexicana de Lubricantes vía un borrón y cuenta nueva ruinoso para la causa de Petróleos Mexicanos. Que no queden huellas de una relación atropellada desde la constitución de una empresa de capital mixto cuyas aristas hablan de manga ancha, corrupción, complicidad, contubernio y canonjías a granel para la contraparte de la paraestatal.
De acuerdo a la agenda prevista para la sesión del Consejo de Administración de Pemex Refinación, el carpetazo llegará esta mañana bajo un escenario en que se borrarían de los libros pérdidas para el erario público por 40 mil millones de pesos en 19 años de existencia de la compañía productora de aceites y lubricantes automotrices.
Con la condición de desistirse de 60 juicios cruzados por las partes, "sin reserva de acción alguna", la paraestatal le renovará dos contratos fundamentales a la compañía, cuyo vencimiento llegaría el año próximo.
La cuenta nueva será por 10 años.
Estamos hablando del contrato de suministro de materia prima y del de ventas de primera mano.
Del mismo lado de la moneda, MexLub acepta la cancelación del contrato que le da exclusividad en la venta de sus productos en las estaciones de servicio o gasolineras, además del de maquila.
En la lista está también la aceptación de 400 millones de pesos como pago de la reducción del capital social de la empresa en tres meses, luego de aprobarse los estados financieros del 2001 al 2009.
Lo curioso del asunto es que en el documento en que se condensa la ruta crítica del carpetazo se habla de una entrega de dividendos a la paraestatal por 6.4 millones de pesos, sin especificarse si éstos corresponden a todo el periodo en que no se realizaron asambleas de socios o a sólo un año. El texto, elaborado por los consejeros de la paraestatal José Fortunato Álvarez, Fluvio Ruiz y Héctor Moreno, plantea que en un plazo no mayor a seis meses estén restablecidas las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes.
Cambio de página, pues.
A quién le importa si en 1993, a la privatización parcial de las plantas productoras de aceites y lubricantes que mantenía Pemex éstas registraban utilidades netas, es decir, libres de polvo y paja, por 225 millones de dólares, o si lo prefiere tres mil 15 millones de pesos al tipo de cambio de entonces, lo que las colocaba en el escalón 39 de las 100 empresas líderes en México.
A quién le importa si la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República abrió un expediente el siete de junio de 2006 contra Mexicana de Lubricantes en la presunción de daños a su socio, Pemex Refinación, por 40 mil millones de pesos.
A quién le importa si la Auditoría Superior de la Federación investiga desde el primero de diciembre de 2010 a la firma de capital mixto, cuyo socio es la Impulsora Jalisciense encabezada por Salvador Martínez Garza, exdueño del equipo de futbol Guadalajara, por el absurdo de declarar pérdidas de 630 millones de pesos en siete años, de 1993 al 2000, y por no entregar estados financieros desde el año 2001 a la Secretaría de Hacienda y a Petróleos Mexicanos. A quién le importa, en el contrasentido, que Mexicana de Lubricantes haya gastado del capital de la firma entre el 2001 y el 2009 la cantidad de 173 millones de pesos para defenderse de litigios promovidos por su socio.
A quién le importa si Martínez Garza, a quien se acusa de decenas de anomalías detectadas, como el contraer deudas bancarias a espaldas del Consejo de Administración, omitir declaraciones fiscales, además de otros puntos críticos, se haya autoasignado, a la par de su secretaría, entre 1997 y el 2001, 10 millones de pesos. A quién le importa si MexLub, en afán de defenderse de una resolución de la Comisión Federal de Competencia que la obligaba a desmantelar la exclusividad de la red de distribución de Pemex, erogara 117 millones de pesos en el pago de honorarios a despachos de abogados como Jorge Humberto Chavira; Lebrija, Álvarez y Compañía; Galaz Yamasaki Ruiz Urquiza, y Bahan, Ringe y Correa, entre otros.
A quién le importa la acusación de administración fraudulenta que pesaba sobre el socio privado de Pemex.
La pregunta es quién será el valiente que estampe su firma para un borrón y cuenta nueva ruinoso para el país.
BALANCE GENERAL
En las paradojas de la vida, de no presentar hoy la cadena MVS sus alegatos en contrario a la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de "rescatar" la banda de 2.5 gigahercios, será declarada en rebeldía.
La posibilidad, naturalmente, en el papel le restaría puntos a la empresa de la familia Vargas en su reclamo judicial que prepara para revertir lo que se califica de virtual expropiación de sus frecuencias.
Dicho con todas las letras, la dependencia se defiende contra la posibilidad de haber violado el derecho de audiencia de la contraparte, al decir que las puertas estuvieron abiertas para sus objeciones.
De acuerdo a la Ley, el procedimiento administrativo para que la SCT pueda recuperar los 190 megahercios de MVS y el resto que mantenían otros concesionarios, duraría entre 100 y 120 días hábiles… a menos que un mandato judicial lo interrumpiera.
CEMEX LO LOGRA
Pese a las apuestas en contrario, Cementos Mexicanos logró ya la aceptación del 90% de sus acreedores para una segunda reestructura de su colosal débito, a pesar de lo cual se ampliará el plazo para el escrutamiento.
El siguiente paso de la empresa encabezada por Lorenzo Zambrano será emitir notas de deuda por 470 millones de dólares para hacer frente a la nueva ruta crítica de pagos.
La propuesta habla de intercambiar deudas para financiar vencimientos de siete mil 200 millones de dólares que llegarían en el 2013, vía un pago anticipado de mil millones que llegaría en marzo del año próximo.
La condición para la primera reestructura es que la firma redujera la deuda a un monto más acorde con su capacidad de pago, lo que logró vía la venta de activos no estratégicos.
TOMATE DE LA DISCORDIA
Colocados en lista de espera para recibir una sanción por llegar con supuesto "dumping" o precio inferior al de su mercado de origen al mercado de los Estados Unidos, los productores mexicanos de tomate, léase jitomate, están iniciando su defensa, vía la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.
El punto de arranque es mantener la vigencia del Acuerdo de Suspensión de Dumping firmado entre México y la nación de allende el Bravo. Acusados por los agricultores de Florida es vender a un precio de hasta 118% inferior al del mercado interno del país, los productores de tomate envían dos millones de toneladas al país vecino, cuya facturación alcanza mil 600 millones de dólares.
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