El envío de un documento del gobierno de México en apoyo a una apelación planteada por el grupo Vitro para homologar en Estados Unidos la reestructura de su deuda lograda vía un concurso mercantil, ha desatado una campaña mediática en su contra patrocinada por los llamados fondos "buitre". Lo menos que se dice de las autoridades nacionales es que actúan con parcialidad en apoyo de una empresa que logró tramposamente cruzar el procedimiento, pese a colocar en peligro futuras colocaciones de deuda de firmas mexicanas en la nación del norte. Como usted sabe, la inconformidad de fondos como Aurelios, Elliot Management y Liverpool Limited, se sustenta en que el juez de la causa, y en su momento un tribunal colegiado, validaron el que en la masa crítica del concurso mercantil se incluyeran las deudas intercompañías del emporio vidriero con sede en Monterrey, lo que permitió inclinar la balanza a su favor a la hora de votar la reestructura.
Los fondos estadounidenses habían adquirido en los mercados secundarios papeles de deuda de una emisión de mil 500 millones de dólares del grupo Vitro, pagando sólo 17 centavos de su valor.
Su pelea, frente a los 63 centavos que aceptaron los acreedores de la firma para redimir las deudas, era por el 100 por ciento, es decir ganar 83 centavos por cada dólar.
El escrito de la discordia, bajo la figura de amicus curiae ("amigo de la Corte"), detalla el procedimiento seguido por Vitro bajo el marco de la Ley de Concursos Mercantiles, señalando que éste se desahogó con apego a los convenios firmados por ambos países para empatar ésta con el capítulo 15 de la Ley de Bancarrotas de los Estados Unidos. De acuerdo a éste, México se apegó a los principios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, es decir las reglas fijadas para casos transfronterizos de insolvencia que garantizan equidad para deudores y acreedores.
La apelación de Vitro se planteó en agosto pasado, frente a una resolución del juez Harlin Hale de la Corte de Bancarrotas para el distrito norte de Texas, que negaba la protección para las plantas de la firma mexicana instaladas en el país vecino de cara a sus acreedores, al no homologarse el plan de reestructura aceptado en México.
Calificada por los llamados fondos "buitre" como una victoria frente a la parcialidad de las autoridades mexicanas en favor de Vitro, lo cierto, sin embargo, es que el togado dejó abierta la rendija para la apelación. El juez Hale había emitido dos días antes de la sentencia un Memorándum en que planteaba que ésta no podía ser contraria con el proyecto de orden que se planteara.
La exigencia quedó plasmada en la página 29 del documento y condensada previamente en la toca judicial.
El texto señala específicamente que sólo una porción del plan de reestructura de la deuda de Vitro aprobada por las autoridades mexicanas no podrá ser reconocida.
De hecho, el juez texano sólo celebró una audiencia para homologar la fórmula que permitió al Grupo Vitro salir del concurso mercantil que había solicitado voluntariamente.
Ahora que en la página 28 del Memorándum se señala letra por letra que la reestructura de la vidriera mexicana, realizada bajo la Ley de Concursos Mercantiles, "es un procedimiento justo y merece respeto". Adicionalmente, de cara a una de las objeciones de los quejosos, se determina que no hay forma de concluir que la aprobación del concurso mercantil de Vitro pudiera tener un impacto negativo en los mercados financieros.
Adicionalmente, en la página 29 se señala que el procedimiento no fue inequitativo para las partes disidentes.
Desde otro ángulo, aunque el juez concluye que no puede ser forzoso el cumplimiento del plan de reestructura, señala expresamente que su conclusión se plantea con base a las leyes vigentes en el Quinto Circuito de los Estados Unidos en relación a la liberación de las obligaciones de terceros.
Este comprende sólo los estados de Texas, Luisiana y Mississippi. El texto, sin embargo, aclara que la protección a los acreedores de la firma mexicana se daría en la medida en que se extinguieran las garantías otorgadas, lo que coloca en la mesa la posibilidad de que los fondos quieran que éstas se planteen con base a los activos de la firma en Estados Unidos. El documento de México, pues, podría inclinar la balanza a favor de Vitro, lo que ha provocado la furia de los fondos que pelean el carro completo para su causa.
Campaña contra el gobierno.
BALANCE GENERAL
Finalmente Petróleos Mexicanos oficializó lo que le habíamos adelantado en este espacio: Borrón y cuenta nueva en su conflictiva sociedad con la empresa Impulsora Jalisciense, su socio en Mexicana de Lubricantes. Calculado un daño patrimonial para la paraestatal de al menos 10 mil millones de pesos, ésta cerró su diferendo, con 40 demandas al calce, con migajas. De entrada, se reconoció que las ganancias de la firma en 1998, 1999 y 2000 fueron de sólo seis millones 392 mil pesos, es decir cuatro millones menos de lo que ganó sólo el director general de la firma, Salvador Martínez Garza.
Además de esa cantidad, la paraestatal recibió para cerrar el expediente 282 millones por concepto de un reembolso a los accionistas por reducción de capital.
Lo único rescatable en el "arreglo" ruinoso fue el que se haya extinguido, finalmente, la exclusividad de la firma para vender aceites y lubricantes en la red de estaciones de servicio de la empresa pública. Lo demás son simples ganas de cerrar el expediente antes de la llegada de la próxima administración.
Quién se acuerda, por ejemplo, que a su privatización parcial en 1993 la firma facturaba 246 millones de dólares al año.
AXTEL EN LA LONA
Colocada de espaldas a la pared frente a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que le concedieron sendos amparos a empresas que habían solicitado protección contra una resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa de telefonía Axtel tendrá que pagar dos mil 200 millones de pesos por concepto de tarifas de interconexión no cubiertas.
Como usted sabe, fijada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones una tarifa de 1.21 pesos por minuto en la modalidad de "El que llama paga", durante el 2008, Axtel presentó un recurso de inconformidad ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien redujo el monto a 55 centavos por minuto, para llegar a 42 en forma gradual.
Axtel cubrió los costos bajo ese parámetro.
Sin embargo, de acuerdo al criterio de la Corte, la SCT no tenía facultades para modificar tarifas previamente avaladas por las firmas y sancionadas por la Cofetel.
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