Mediante una "operación hormiga", agentes federales sacaron de sus oficinas en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero a 24 funcionarios, entre ellos ministerios públicos, policías ministeriales y peritos, para trasladarlos en calidad de presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El operativo inició aproximadamente a las 12:30 horas, cuando elementos federales acudieron a las instalaciones de la Procuraduría estatal para llevarse a los funcionarios, quienes, según informó el contralor Julio César Hernández el domingo pasado, serían investigados por presuntas irregularidades que cometieron durante el desalojo de estudiantes de Ayotzinapa, de la autopista Cuernavaca-Acapulco.
Los elementos federales se llevaron en calidad de presentados al exsubprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente; al director de Control de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata; a la e fiscal regional Zona Centro, Seberiana Flores Peña, y el fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios.
Asimismo, se llevaron al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, Joaquín Díaz Terrero; al fiscal especializado para el Combate del Delito de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera; la ministerio público María Eugenia Salgado Guzmán, y el director de Servicios Periciales, Juan Manuel Martínez Utrilla.
Además, a los elementos de la policía ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán, Jorge Armando López, Ricardo Arévalo, Manuel Luis Cristino, Manuel Araujo Arellanes, Jesús David Urquizo Molina, Salvador Téllez Márquez, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez, Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gaama García, Reyes Castro Tolentino y José Rodríguez Carbajo.
El domingo pasado, el director de la Contraloría General del Estado, Julio César Hernández presentó la lista de funcionarios que serán investigados por haber disparado armas de fuego innecesariamente, o por no prestar auxilio a las personas amenazadas, por no actuar con la decisión necesaria para evitar un daño grave y por haber tolerado y realizado actos de tortura.
