Siete funcionarios federales y estatales, entre ellos tres que trabajaron en la PGR fueron encarcelados por pertenecer presuntamente a una red de corrupción que filtraba información al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán, informó ayer el subprocurador especial José Cuitláhuac Salinas.
El titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), antes SIEDO, detalló que entre los detenidos se encuentra Manuel Arroyo Hernández, quien, de acuerdo con las declaraciones de dos testigos, presumía tener cercanía con la procuradora Marisela Morales.
Salinas negó que Arroyo Hernández fuera cercano a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y que esta aseveración la hacía para ganarse los favores de los delincuentes con los que tenía trato.
"Para que este tipo de funcionarios que se corrompen pueda tener la posibilidad de prestarle los servicios que requiere la delincuencia organizada, pues siempre va a hacer alusión a la cercanía con altos funcionarios públicos, porque esa es la cadena que tienen de obtener la información. En el caso particular es evidente que esto es mentira", explicó.
No obstante, Arroyo Hernández asentó en su declaración patrimonial, rendida ante la Secretaría de la Función Pública el 30 de mayo pasado, que se desempeñaba como subdirector de área y que estaba adscrito a la oficina de Marisela Morales.
Como se informó el martes en este medio, el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, logró tejer una red de corrupción dentro de la hoy SEIDO que implicaba el pago a varios funcionarios de la institución para que les proporcionaran información acerca de las investigaciones que se realizaban contra esa organización criminal.
El subprocurador Salinas informó que otro de los implicados es Juan Carlos de la Berrera Vite, quien trabajó en la SEIDO y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de estudio y cuenta del ministro Sergio Valls.
El nombre del resto de los funcionarios encarcelados no fue revelado por Salinas, quien dijo no recordarlos, pero aseguró que todos ellos están recluidos en distintos centros carcelarios y bajo proceso por el delito de delincuencia organizada.
El funcionario explicó que la razón por la que no se dieron a conocer públicamente las acciones penales contra los funcionarios, a pesar de que la investigación comenzó en febrero pasado y las órdenes de aprehensión se giraron en junio, es que todavía la investigación está en curso y hay más funcionarios presuntamente involucrados.