El todavía presidente Felipe Calderón hizo uso de la facultad recién incorporada a la Constitución: el de enviar dos iniciativas preferentes, que tienen 30 días para ser votadas en cada una de las cámaras, y se le adelantó al presidente electo Enrique Peña Nieto en uno de sus llamadas prioridades, con una iniciativa más amplia y completa, el de transparentar los gastos en comunicación de los estados y municipios.
La iniciativa de Calderón no se limita a los gastos en comunicación, sino a todos los ingresos y gastos de los estados y municipios y establece principios que permiten conocer a detalle, hacer comparaciones y evitar el ocultamiento de algunas partidas, al homologar "La información financiera de los entes públicos correspondientes en las etapas de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas…conforme a las normas y los formatos, con la estructura y contenido…que para tal efecto establezca el Consejo y difundirse de manera permanente en la página de Internet del respectivo ente público".
El Consejo, al que se refiere el artículo 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es el Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por representantes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con lo cual se asegura que la información financiera que se presente sea homogénea en todos ámbitos de gobierno o, por lo menos, en cada uno de ellos, es decir, que sea la misma para todas las entidades federativas (los 31 estados y el Distrito Federal) y todos los municipios, lo cual permitirá hacer comparaciones entre los mismos.
Dicha disposición también asegura que se le pueda dar seguimiento a la información a lo largo de todo el proceso, pues una de las mayores dificultades es que se cambiaban los rubros del presupuesto a la cuenta pública, con lo cual era casi imposible identificar con claridad las partidas y el ejercicio del gasto.
La reforma impacta principalmente en el ejercicio de las entidades federativas y los municipios, donde diversos gobernadores y alcaldes aprovechaban la confusión para endeudar a sus entidades y desviar los recursos para fines ajenos a sus funciones.
Durante los 12 años de gobiernos panistas fueron los gobernadores priistas los principales artífices de la oposición a las reformas legales que impactaran sobre su actuación, era particularmente relevante su activismo durante la aprobación del presupuesto federal. Esto se tradujo en un notable incremento en las participaciones federales, particularmente nutrido por los ingresos excedentes obtenidos por los altos precios en el barril de petróleo.
Así que una de las mayores interrogantes es cuál será el comportamiento de los gobernadores tricolores hoy que el Titular del Ejecutivo Federal es nuevamente un priista. De alguna manera Peña Nieto debe haber evaluado que sí lo apoyarían para tener un mayor control de gasto en comunicación social, pero la iniciativa de Calderón no se limita a dicho rubro, sino que abarca todo el ejercicio presupuestal, con lo cual es mucho más ambiciosa.
La iniciativa de Calderón va en el sentido correcto y permite ejercer mejor la vigilancia del gasto público, tanto para los órganos gubernamentales (órganos de control interno -contralores- y Auditorías Superiores -dependientes de los Congresos-) como para la ciudadanía en general, pues obliga a transparentarlo y difundirlo oportunamente.
Sin embargo, la iniciativa no incluye -y no lo podía hacer en dicha ley- mayores facultades para las auditorías superiores, lo cual es indispensable si se quiere avanzar realmente en la rendición de cuentas. Particularmente a nivel federal, es evidente que anualmente la Auditoria Superior de la Federación presenta un dictamen en el que abundan las irregularidades administrativas y los delitos penales, sin embargo, lo único que puede hacer dicho órgano es turnar los expedientes a los órganos de control interno de cada una de las dependencias y a la Procuraduría General de la República y, en dichas instancias, ambas dependientes del presidente de la república, no se le da el adecuado seguimiento y, por lo tanto, no hay ni sanciones administrativas ni penales para los responsables de las irregularidades o delitos.
Así que en estricto sentido, sí el presidente electo tiene efectivamente la intención de avanzar en la rendición de cuentas y no simplemente crear un nuevo órgano burocrático más, lo que debe hacer es apoyar la iniciativa de reforma propuesta por su predecesor y ajustar la iniciativa de combate a la corrupción a las nuevas normas, donde lo esencial será identificar las debilidades de los órganos revisores y sancionadores, para realmente avanzar en la integración de un sistema de rendición de cuentas, que permita acabar con la impunidad, que es la principal causa de la corrupción.
Sin duda, una de las principales carencias de nuestro actual sistema político es la ausencia de un sistema de rendición de cuentas que permita sancionar a los servidores públicos que por incapacidad, deshonestidad o falta de voluntad política incumplen con sus responsabilidades. Así lo importante es construir dicho sistema y no simplemente crear más instancias burocráticas para responder mediáticamente a las críticas que se recibieron durante la campaña.
La iniciativa de Calderón pretende avanzar en la transparencia de los ingresos y egresos de las entidades federativas y municipios, más que las propuestas de Peña Nieto, pero no cierra el círculo que permita sancionar los abusos, las desviaciones y la corrupción. Transparencia sin rendición de cuentas es cinismo, pues se conocen las irregularidades, pero prevalece la impunidad y eso es lo que tenemos hasta hoy en México.
