Una de las críticas más severas que puede hacérsele al presidente Felipe Calderón es la pobreza de resultados en lo que en principio se manejó como “guerra contra la delincuencia” y que luego se matizó llamándola “lucha anticrimen”. Independientemente del nombre que se utilice para la estrategia del primer mandatario que está por concluir su sexenio, lo cierto es que los niveles de violencia que deja distan mucho de lo que la mayoría de la población tenía como expectativa al inicio de esta administración.
Basta con revisar dos datos para darnos cuenta de que las acciones aplicadas hasta ahora no han logrado frenar la inseguridad que afecta a buena parte del país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2006 se registraron en todo el país 11 mil 806 homicidios dolosos en todo el país; de enero a agosto de 2012 sumaban ya 14 mil 70. En lo que respecta al robo con violencia, en 2006 se reportaron 147 mil 680 casos, mientras que en los primeros 8 meses del presente año la cifra ya era de 151 mil 660.
Si consideramos que, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, realizada por el Inegi, más del 90 por ciento de los delitos cometidos en México no se denuncian, entonces podemos concluir que el impacto del crimen en la sociedad es mucho mayor al que se maneja en las estadísticas oficiales. Y según la misma encuesta, en 2011 más de 18 millones 500 mil personas fueron víctimas de por lo menos un delito. Sin duda, la delincuencia, organizada o no, ha abierto una profunda herida en la sociedad mexicana en los últimos años. Ese quizá sea el principal saldo del gobierno que está por terminar.
Frente a esta situación y ante el creciente reclamo de la ciudadanía, el presidente electo Enrique Peña ha anunciado que mantendrá el combate a la delincuencia pero que modificará la estrategia, aunque hasta el momento no ha explicado los cambios que llevará a cabo. Por eso, resulta reveladora la entrevista que publicó ayer el diario español El País con el general colombiano Oscar Naranjo, principal asesor de seguridad del próximo ocupante de Los Pinos. En sus respuestas se percibe una visión completamente distinta a la asumida por el gobierno de Calderón.
En síntesis, el llamado “mejor policía del mundo” establece que utilizar el término “guerra” para nombrar a la política de seguridad es un error garrafal, que la estrategia anticrimen debe ser una política de Estado y no de partido, y que enfocarse más en las víctimas y en la defensa de los derechos ciudadanos que en la disminución del narcotráfico; que el Ejército sólo debe utilizarse para actividades de inteligencia y en operativos específicos que estén dentro de su rango de acción; que proteger la vida y libertad de la población debe estar por encima de el combate al delito. En fin, una serie de planteamientos que a lo largo del sexenio que concluye estuvieron ausentes.
El problema es que, si Enrique Peña pretende seguir los consejos de su asesor, tendrá que enfrentar serios lastres, como la debilidad institucional y de las corporaciones, sobre todo de estados y municipios; la desconfianza generalizada de una sociedad que en muchas regiones, como por ejemplo La Laguna, ha quedado a expensas de los delincuentes; la corrupción de las autoridades en entidades sobre todo priistas -Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Veracruz- y una situación de descontrol de las fuerzas del orden, en medio de la cual, el ciudadano no sabe para dónde hacerse.
El diagnóstico del asesor Naranjo contempla muchos de los aspectos señalados por los críticos de la estrategia calderonista y plantea una lógica distinta de lucha, más enfocada al restablecimiento del estado de derecho. La cuestión es si el próximo gobierno tendrá la legitimidad y fortaleza para aplicarla. En este sentido, los primeros meses serán de vital importancia para definir un nuevo rumbo y pronosticar los resultados.
