El regreso del PRI a la Presidencia de la República este sábado primero de diciembre será una prueba importante para ver el avance de nuestra democracia, en particular en lo que se refiere a las negociaciones del Ejecutivo con el Congreso. La victoria de Enrique Peña Nieto (EPN) le concedió un importante capital político que recibió explícitamente de sus simpatizantes e implícitamente de quienes, sin votar por él, aceptaron su triunfo.
Será interesante ver cómo utiliza ese capital, más que todo porque seguirá enfrentando la oposición y los obstáculos que crea la izquierda en nuestro país.
El capital político, por su parte, no es un pase vitalicio que puede usarse en cualquier momento. Caduca con el tiempo, siendo más útil en el primer año de su administración.
Los retos económicos que enfrenta EPN requerirán, por tanto, de mucha habilidad en el uso de ese capital para, ahora sí, llevar a cabo las reformas estructurales que allanen el camino para un crecimiento económico rápido y sostenido del ingreso y el empleo en nuestro país.
Ésa no será una tarea fácil, como lo hemos visto en los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón. Las reformas que se necesitan en el campo laboral, educativo, regulatorio, energético y fiscal afectarían los intereses de diversos sectores, varios vinculados al PRI, como son los sindicatos, así como, en lo referente a impuestos, los compromisos ideológicos del partido.
No obstante, la calidad de las reformas económicas, en la gran mayoría de las veces, está en relación directa con la oposición que muestran los grupos afectados negativamente por ellas.
Peña Nieto ha ofrecido superar esos obstáculos a pesar de que las reformas que necesitamos serían impopulares. La tributaria, por ejemplo, tendría que abolir el llamado Impuesto Empresarial a Tasa Única, ampliar la base y eliminar tratos preferentes en el Impuesto Sobre la Renta, así como desaparecer exenciones y la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado en muchos bienes y servicios.
Otra reforma crucial es permitir la inversión privada en la generación de electricidad y, más osada todavía, en la producción de petróleo y gas natural. Estos cambios, por cierto, requieren modificaciones constitucionales y enfrentarían una fuerte oposición de la izquierda en el país, que bien pudiera descarrilar las mejores intenciones del nuevo gobierno.
Hay otras reformas como la laboral y la educativa, fundamento clave para el crecimiento de la productividad, prácticamente estancada por más de dos décadas, que hasta ahora los distintos gobiernos y el Congreso se han atrevido a tocar tan sólo superficialmente ante la oposición política de los grupos afectados.
No obstante, es un secreto a voces que nuestras debilidades económicas más serias se encuentran en los aspectos laborales y educativos, donde salimos mal librados en las comparaciones internacionales.
Se requiere, por tanto, una transformación substancial de ambos para detonar un crecimiento sostenido de la productividad, única forma en que se puede garantizar la mejoría sostenida en el nivel de vida de la población.
Habrá, seguramente, otras propuestas de reforma en el programa económico de Peña Nieto, pero algo que no se debe descuidar son los cambios en leyes y en el sistema judicial que atiendan de veras el grave problema de la seguridad que, además de haber cambiado para mal la forma de vida de los mexicanos, es un freno importante para la inversión.
En las semanas y meses próximos veremos cómo y en qué utilizará Peña Nieto su capital político.
El resultado será muy rentable para el país si se concentra en reformas estructurales, aun cuando sean impopulares, y muestra la suficiente habilidad política para negociarlas con un Congreso dominado por la oposición.
En cambio, si es incapaz de realizar esas reformas, sea por la razón que fuese, y se inclina por la ruta fácil de las adecuaciones cosméticas, así como algunos "apoyos" y "subsidios", el resultado será, como hasta ahora, decepcionante. Estaríamos entonces condenados a otros seis años de mediocridad económica.
