En la anterior colaboración describimos qué se entiende por capital social y su relación con el poder público, donde señalamos que el primero es el entramado o tejido que se construye en la sociedad por los individuos o grupos de individuos a través de las relaciones que establecen entre sí, destacando que este capital se construye desde la sociedad y sólo en las sociedades de madurez democrática puede promoverse desde el poder público. Ahora habrá que analizar este último considerando el caso de México.
¿Por qué en nuestro país el capital social no se construye desde el poder público? Porque el Estado Mexicano que surge de la revolución de inicios del Siglo XX se construye como una entidad política que articula a los organismos de la sociedad con base a un concepto corporativo, es decir, convierte a las organizaciones gremiales o sociales en una parte del cuerpo del mismo estado, subordinándoles a las élites políticas y económicas que confluían en y a través de él como si sólo existiera una sociedad política y no diferenciándose de la sociedad civil.
Sustentado en un discurso que le identificaba como Estado emanado de la revolución, configuró una ideología policlasista en aparente correspondencia con los intereses que decía representar de todas las clases sociales que formaban la estructura social mexicana, ideología que le permitía justificar la corporativización de los organismos sociales y rechazar cualesquier otra ideología diferente o alguna organización social no articulada y subordinada al aparato estatal. Con esta visión ecléctica policlasista también construyó su hegemonía basada en una ideología de Estado con la que pretendió legitmar su dominación autoritaria negando el reconocimiento a toda forma de oposición política al régimen.
Con esa ideología creó la falsa conciencia de que se vivía en una sociedad abierta y con libertades, alienando a amplios estratos de la sociedad mexicana, pero a su vez canceló o redujo el ejercicio de la ciudadanía a un mero ejercicio retórico, y sin esta es prácticamente imposible construir un capital social mediante el cual los individuos de esta sociedad desarrollen sus capacidades de manera no subalterna al poder público, o que éste realmente represente los intereses de los ciudadanos.
Tales características del viejo régimen no cambiaron sustancialmente durante la alternancia, sino que se conjugaron porque los gobiernos que ejercieron el poder público durante este período si bien crearon algunas instituciones que abrieron nuevos espacios y mecanismos de expresión y convivencia, no trastocaron la estructura corporativa en que se apoyó el viejo régimen, operada desde los grupos de poder heredados de éste y los poderes fácticos creados y/o fortalecidos en aquel período o durante la alternancia.
Ese viejo régimen, quizá no tan viejo o ya parcialmente renovado, sufrió un cambio importante desde el salinismo cuando se promueven políticas públicas neoliberales que le reducen la rectoría económica y política al Estado Mexicano, cambio que si bien debilitó una parte de la estructura corporativa también contribuyó a desarticular el tejido social construido durante el período de la economía mixta y el estado del bienestar; las continuas crisis económicas, la apertura comercial externa y las privatizaciones internas, incidieron en las formas de organización social, particularmente de la familia, y en la vida misma de los individuos, a muchos de los cuales empobreció.
Este fenómeno ha conducido a un proceso de reconstrucción del capital social muy costoso porque ha imposibilitado a amplios sectores de la población el acceso a los medios que les permitan desarrollar sus capacidades al precarizar sus condiciones de vida, sobre todo entre los jóvenes que no pueden acceder a mayores niveles de educación que a su vez los incorporan en los ejércitos de desempleados o trabajadores mal pagados, entre ellos los llamados "ninis" o los que hoy se manifiestan ante la restauración derivada de las elecciones recientes.
Vivir en un país que tiene la mitad de su población en condiciones de pobreza, plantea un proceso diferenciado para reconstruir el tejido social, donde los que menos recursos tienen requerirán un mayor esfuerzo para desarrollar sus capacidades que les permitan crear o recrear un capital social, sobre todo aquellas familias donde algunos de sus miembros, también jóvenes, no sólo se han desarticulado por el empobrecimiento, sino también por ser dolorosas proveedoras de las redes del crimen organizado. Lamentablemente, ese esfuerzo no se ve que vaya ser impulsado desde el poder público, sino que tendrá que provenir de la sociedad.
Largo es el proceso que tendrán que seguir aquellos que parten desde abajo para avanzar y cambiar sus precarias condiciones de vida, y más difícil les será si se mantienen bajo la tutela del poder público a través de las estructuras corporativizadas que éste sostiene para asegurar la dominación, y por tanto largo es el proceso de democratización del país en tanto esas estructuras persistan y atrapen amplios sectores de la población como una forma de administración y no solución de la pobreza, la cual ha denotado segura rentabilidad política.
Por ello, a los ciudadanos comunes no nos queda más que seguir intentando construir o reconstruir el capital social desde cualquier espacio o lugar, como un ejercicio de ciudadanía que fortalezca a la sociedad civil, así implique que éste sea transgeneracional porque nuestra generación ha agotado sus posibilidades para que ocurra un cambio sustancial en el país, de ahí que debamos apoyar ese relevo con los jóvenes que hoy reclaman una sociedad más abierta y con mejores condiciones que la que les estamos ofreciendo.
