No hay en el país una expresión más degradante de la corrupción en la que está inmerso, que la de las cárceles, tan pretenciosa como equivocadamente llamadas Centros de Readaptación Social. Quién podría readaptarse tras la comisión de delitos en lugares que viven inmersos en ellos. Porque desde las cárceles se ordenan secuestros y se cometen homicidios, se trafica y se consume droga o se pagan cotidianamente cuotas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Todo eso mediante el soborno a las autoridades penitenciarias.
El caso que más recientemente evidencia la corrupción y el caos imperantes en nuestro sistema penitenciario ocurrió el pasado lunes 17 de septiembre en Piedras Negras, Coahuila, con la fuga de 131 reclusos.
Primero se informó que habían sido 134 y que la fuga ocurrió a las dos de la tarde desde un túnel. Al día siguiente se dijo que los fugados eran 131 ya que tres mujeres a las que inicialmente consideraron evadidas estaban escondidas en el área de visitas conyugales.
Dos días después, cuando se permitió a los medios de comunicación ver el túnel se generó la suspicacia de que era imposible una fuga masiva por un conducto tan reducido, mal ventilado y endeble.
Para el miércoles habían sido recapturados tres de los fugados y uno de ellos denunció que la fuga ocurrió en la puerta principal del penal con el apoyo de un grupo armado, presumiblmente Los Zetas y la complicidad de custodios y autoridades penitenciarias.
Cuando la investigación demandaba evidencia para documentar que la fuga había ocurrido por la puerta grande, se preguntó al secretario de seguridad de Coahuila, Jorge Luis Morán, si ya habían revisado los videos de las cámaras del penal. Fue cuando se supo que éstas no servían, y cuando Morán reprochó que se criticara de la fuga al gobierno estatal por culpa de unos funcionarios públicos traidores que ya estaban arraigados.
Una reacción igual de torpe -¿o cínica?- fue la que emitió vía Twitter Felipe Calderón al deplorar los hechos y declarar que el problema estaba en las cárceles estatales y municipales, como si supusiera que ya olvidamos que fue de una federal, la de Puente Grande, Jalisco, de donde escapó en enero de 2001 el narcotraficante más buscado de México, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
En México hay 419 cárceles con capacidad para 188 mil 167 internos pero que, en realidad, albergan a 237 mil 566, es decir, están sobrepobladas por 48 mil 899 internos. Todas están atestadas, lo que complica cualquier sistema de seguridad. Más o menos ocurre lo mismo en las 305 cárceles estatales, en las 91 municipales, en las 10 del DF y en las 13 del gobierno federal.
Y no pierda de vista este dato que cuestiona el afán de lavarse las manos que se percibe en la reacción de Calderón frente a la fuga de Piedras Negras:
De los 277 mil 566 presos que hay en el país, 187 mil 224 (78.8%) están procesados o condenados por delitos del fuero común y 50 mil 342 (21.2%) por delitos del fuero federal. Sin embargo, sólo 19 mil 52 procesados o condenados por delitos del fuero federal están en penales federales. Los otros 31 mil 290 no.
Estamos, le decía, frente a un problema estructural de corrupción y de ausencia de políticas públicas que garanticen a cabalidad la readaptación social.
INSTANTÁNEAS
1. BOICOT. El viernes, en Facebook, supuestos miembros del movimiento #YoSoy132, convocaron a "darle sabor" a la boda de uno de los hijos de Carlos Salinas de Gortari que se celebraría al día siguiente. Juan Cristóbal Salinas Occeli y Natalia Esponda había citado a las 12 horas a su boda en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en las Lomas de Chapultepec. Frente al templo, dos edecanes entregaban a los invitados tarjetas con una nueva dirección de la ceremonia, una capilla privada montada en el jardín de San Ángel Inn donde tendría lugar la recepción banquete. Fuentes consultadas por este reportero en el #YoSoy132 aseguraron que ellos no convocaron a esa protesta. Aún así obligaron a que cambiara de sede la boda del hijo de Salinas.
2. CONTROVERSIA. Ante la ya casi inminente aprobación de la reforma laboral por PRI y PAN, el PRD se prepara para llevar el asunto a una controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.
3. GUERRA SUCIA. Autoridades de las comunidades de la región de La Montaña, en Guerrero, acusan que en sus localidades se lleva a cabo una nueva guerra sucia, como la de la década de los 70. De acuerdo con un valiente reportaje de Rosa Rojas de La Jornada, el gobierno del estado usa al crimen organizado y a grupos paramilitares para aplastar a las organizaciones de autogestión que han surgido para hacer frente a los problemas de la pobreza extrema.
(rrodriguezangular@otmail.com @RaulRodriguezC)
