Los mexicanos seguimos perdiendo derechos ante un Estado empeñado en disminuir las garantías individuales. Un nuevo paso está a punto de completarse con la iniciativa que el gobierno de la ciudad de México envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para modificar la Ley de Extinción de Dominio con el fin de convertir a los arrendadores de inmuebles en espías de sus inquilinos.
La medida no sólo es injusta, ya que busca imponer en ciudadanos comunes y corrientes responsabilidades que únicamente debería tener la autoridad, sino que además los expone a un riesgo innecesario al convertirlos en soplones de actividades de presuntos criminales.
Todas las leyes de extinción de dominio --la federal, las estatales o la capitalina-- son aberrantes porque desechan la presunción de inocencia que establece la Constitución. Si uno es acusado de un delito, la autoridad tiene la obligación de comprobar su dicho. Pero en las leyes de extinción de dominio la carga de la prueba se revierte: el acusado tiene la responsabilidad de demostrar que no sabía que su propiedad estuviera siendo utilizada para un delito. Este tipo de comprobación es siempre difícil y en ocasiones imposible.
La Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal ya imponía responsabilidades legales a caseros y dueños de hoteles. En varios casos los afectados recurrieron a los tribunales y consiguieron amparos. Las modificaciones pretenden reducir la posibilidad de que los ciudadanos obtengan esta protección de los tribunales.
Uno puede entender la confiscación de un inmueble cuya propiedad es producto de un acto criminal, una vez que se comprueba esta proveniencia. Si el dueño de un hotel o de un predio es cómplice de un delito, tampoco debe objetarse que se le despoje de la propiedad, una vez que se demuestre cabalmente dicha complicidad.
Lo que no es correcto es confiscar propiedades de personas que no fueron cómplices de algún delito y que pecaron por simple ignorancia o temor. Más inaceptable aún es que se haga responsable a los arrendadores o a los dueños de hoteles de espiar a sus inquilinos o clientes y de alertar a la autoridad de posibles crímenes. Esto puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos si efectivamente sus inquilinos o clientes son criminales.
Los regímenes autoritarios han tratado siempre de convertir a los ciudadanos en espías y soplones. Preocupa que ésta sea la tendencia que están siguiendo ahora los distintos órdenes de gobierno en nuestro país. En lugar de castigar la trata de personas, se obliga a los medios a censurar anuncios que pudieran ser de prostitución. En lugar de capturar a secuestradores, ladrones de autos o narcotraficantes, se confiscan los bienes de quienes les alquilaron alguna propiedad. Se ordena castigar aunque no se compruebe una complicidad. Todos los arrendadores son culpables mientras no demuestren lo contrario.
Si el arrendador de un inmueble debe ser responsable de lo que haga un inquilino en su propiedad, ¿por qué no amplía el gobierno esta responsabilidad a otros tipos de arrendamiento? ¿Por qué no se hace responsable a las arrendadoras de autos o de aviones por los delitos que se comentan con ellos? Porque es absurdo… como lo es también el caso de los inmuebles.
Dentro de muy poco alquilar un inmueble en la ciudad de México equivaldrá a arriesgar la propiedad. No tendrá uno que ser cómplice de un delito para ello. El simple hecho de no realizar una buena labor de espionaje, o de no arriesgar la vida para alertar a las autoridades de alguna sospecha, será suficiente.
POR EL REY
El 57 por ciento de los españoles apoya la monarquía como símbolo de unión nacional, según una encuesta del diario ABC. El 61 por ciento de los simpatizantes del Partido Popular respalda la actuación del rey Juan Carlos, pero también el 57 por ciento de los votantes del Partido Socialista Obrero Español.
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