El ministro Arturo Zaldívar propuso hace unos días amparar y declarar la libertad de Cassez, al considerar que las autoridades mexicanas violaron varios de sus derechos. (Archivo)
La recomendación de un ministro de la Suprema Corte para liberar a una francesa condenada a 60 años de prisión por secuestro, abrió un intenso debate en México sobre las deficiencias con que se ha buscado aplicar la justicia en la historia reciente en el país.
Académicos y activistas coincidieron el miércoles en que la revisión del proceso contra la francesa Florence Cassez, arrestada en 2005 y cuyo caso ha tensado las relaciones diplomáticas entre México y Francia, muestra irregularidades que de no ser corregidas ponen en riesgo a toda la sociedad de ser víctimas de abusos por parte de las autoridades.
El ministro Arturo Zaldívar propuso hace unos días amparar y declarar la libertad de Cassez, al considerar que las autoridades mexicanas violaron varios de sus derechos como el de la notificación consular inmediata y la presunción de inocencia.
La recomendación de Zaldívar, que aún tiene que ser discutida en una sala de cinco ministros de la Suprema Corte, ha provocado una división entre quienes creen que debería ser dejada en libertad por las dudas que dejan las irregularidades y entre aquellos que advierten del riesgo de no hacer justicia a las víctimas que la han señalado de ser parte de una banda de plagiarios.
Entre las irregularidades mencionadas por el ministro, y que la defensa de Cassez ya había hecho públicas en el pasado, es que la francesa fue retenida durante un día y que la policía organizó la reconstrucción de la captura para que medios de comunicación pudieran grabarla.
Las leyes dicen que cualquier detenido debe ser puesto a disposición de inmediato de las autoridades correspondientes, y en el caso de que sean extranjeros se debe notificar a las autoridades consulares de su país para que le proporcionen la asistencia necesaria.
Con frecuencia, autoridades detienen a presuntos delincuentes y antes de entregarlos a la autoridad correspondiente los presentan ante los medios de comunicación.
El caso de Cassez "sólo nos pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro sistema", dijo Ana Laura Magaloni, titular de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
