Colocado de espaldas a la pared tras desacatar seis amparos contra la construcción de un acueducto que despojaría aguas del río Yaqui con proa a Hermosillo, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, enfrenta la posibilidad de que el caso sea turnado a la Suprema Corte.
Más aún, en el escenario se está planteando la exigencia de un juicio de procedencia por parte de la Cámara de Diputados para despojarlo del fuero Constitucional de cara a enfrentar a los tribunales.
La solicitud de atracción del máximo tribunal de justicia del país la presentó, paradójicamente, un correligionario del acusado, el senador panista Javier Castelo Parada.
La exposición de motivos habla de desobediencia del gobernador a suspensiones provisionales y definitivas decretadas en diversos juicios de amparo por la Juez Octava de Distrito en Sonora con residencia en Ciudad Obregón, lo que ha provocado no sólo la integración de averiguaciones previas por el delito de desacato, sino la promoción de un punto de acuerdo por parte del Congreso.
Aprobado éste por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso el 19 de junio pasado, éste no ha logrado llegar al pleno ante una gama de maniobras urdidas por el presidente del Senado, José González Morfín, de filiación panista, naturalmente.
El texto provocó la ira de la cúpula blanquiazul:
"Se exhorta al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, obedecer la orden de suspensión de la obra del acueducto Independencia que le ha sido dictada en más de una ocasión, y someterse al estado de derecho. Se invita al presidente Felipe Calderón Hinojosa a no apoyar con recursos económicos y menos con su presencia a gobernantes que no respetan las decisiones de los tribunales federales".
El Ejecutivo, por cierto, estuvo el lunes en Sonora.
El punto de acuerdo fue planteado por el propio senador Castelo Parada y su colega, Francisco Arroyo Vieyra, éste de filiación priísta.
El problema se gesta en enero de 2010, a la llegada de Padrés Elías al poder, con la instauración del programa Sonora Sí, en una de cuyas vertientes se planteaba la construcción del acueducto de la discordia para hacer frente a la escasez de agua de Hermosillo.
El embrollo, de entrada, es que la alternativa con cargo al fértil Valle del Yaqui del sur de la entidad federativa, no respetó el derecho de audiencia de la tribu Yaqui en materia de Manifestación de Impacto Ambiental, lo que provocó la presentación de una primera solicitud de amparo.
Esta hablaba de violación de cuatro Decretos Presidenciales de veda expedidos en 1931, 1949, 1955 y 1982, que etiquetan toda el agua del río Yaqui para uso de los habitantes del valle con epicentro de la ciudad de Cajeme.
Más adelante, llegarían cinco solicitudes adicionales, ya planteando la suspensión de la licitación para construcción del acueducto, o exigiendo la suspensión de las obras.
Los seis amparos planteados lograron una suspensión provisional, con la novedad de que en uno se dictó una definitiva y en otro se revocó la posibilidad, por más que se dejó constancia del desacato inicial.
En el escenario, se ubicaron dos averiguaciones previas por el delito de desacato contra diversos funcionarios del gobierno estatal, incluido el gobernador.
Una está radicada en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, y otra en la Delegación Estatal de Sonora de la Procuraduría General de la República.
El rosario habla de violaciones a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución; violación al derecho de tener un medio ambiente adecuado, consagrado en el artículo cuatro de la propia Carta Magna; violación de la Política Hídrica Nacional…
Desatada una campaña para acusar de mezquinos a los agricultores del Valle del Yaqui donde se produce la tercera parte del consumo de trigo en el país, lo cierto es que el despojo de 52 millones de metros cúbicos al año de la presa el Novillo no era la única alternativa en la mesa.
De entrada, el gobierno de Padrés Elías no consideró el mal estado de la red de agua potable de Hermosillo, en cuyo escenario se desperdicia más del 40% del líquido, ni tampoco el tratamiento de aguas residuales para fines agrícolas.
Por lo pronto, desatada una guerra de odio contra los habitantes del sur de Sonora; perseguidos por auditorías y acosos policiacos los líderes de los inconformes; amenazados los notarios que han dado fe de las irregularidades y la jueza que concedió los amparos, el balance electoral en la región resultó devastador para la causa panista.
El partido perdió las dos senadurías que mantenía; la diputación federal de la zona; la alcaldía de Cajeme; las cuatro diputaciones locales de la región, y seis de los siete municipios del Valle del Yaqui.
Los estragos de la prepotencia.
BALANCE GENERAL
Colocada la vista en la paja que representa el crecimiento de la deuda externa del país, con énfasis en el barril sin fondo de Petróleos Mexicanos, el sector privado soslaya la viga en sus ojos.
Hete aquí que la deuda de los grandes corporativos está alcanzando niveles inéditos. Al cierre del primer trimestre del año se ubicaba en 84 mil 991 millones de dólares.
La preocupación del Banco de México apunta a que el vaivén en la cotización de la divisa provoque descontrol en los pagos de principal y accesorios, sin considerar que una eventual crisis con epicentro en Europa podría desembocar en el encarecimiento de los créditos.
HSBC EN LA LUPA
El hilo de la madeja en la indagación que está exigiendo el Senado de Estados Unidos contra la filial en México del banco inglés HSBC por presunto lavado de dinero, hay que ubicarlo en el caso del chino nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon.
Acusado de producir drogas sintéticas, apresado y procesado en los Estados Unidos, el personaje que acusara al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de amenazarlo para contribuir a las campañas panistas en la fase previa a su nombramiento ("coopelas o cuello"), tenía cuentas abiertas en la intermediaria.
Estas estaban a nombre de su empresa Unimed Pharm Chem.
Los recursos fueron congelados por las autoridades mexicanas bajo el cargo de "actividades sospechosas"… con la novedad de que el banco inició una férrea defensa de su cliente, al que le reconocía haber documentado su afiliación en forma correcta.
El escenario coloca en tela de duda la operancia de los candados implementados por la Secretaría de Hacienda y, naturalmente, la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Se acuerda usted que los bancos se quejaban de exigencias de papeleo que calificaban de "innecesarias"?
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