El vocero del Gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez, informó que se procederá legalmente contra quienes continúen realizando llamadas de broma al número de emergencia 066, así como contra los propietarios de las líneas telefónicas, ya que el nuevo Código Penal establece que dicha acción puede ser sancionada hasta con cárcel.
"Solamente en la lista de los primeros 20 días del mes de febrero tenemos alrededor de mil y tantas llamadas, obviamente muchas son errores, pero hay algunas que se trata de casos, principalmente, de menores jugando. Les quitan mucho tiempo a las operadoras", detalló.
Informó que la Procuraduría podrá integrar las demandas de inmediato.
El funcionario estatal aseguró que con estas acciones se busca aplicar la ley que entró en vigor hace cuatro meses tras la modificación al Código Penal y en la cual se tipifican estas conductas como delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías y medios de comunicación, así como medios de transporte público del título segundo.
En conferencia de prensa, donde aseguró que el dispositivo de seguridad federal ha disminuido la criminalidad en un 52.7 por ciento, Martínez Núñez detalló que la Procuraduría de Justicia ya inició las averiguaciones previas correspondientes ante la reincidencia de llamadas de varias líneas de donde se han efectuado hasta 160 llamadas improcedentes.
Recordó que se hizo modificación al artículo 200 Bis donde se establece que "al que utilizando cualquier medio de comunicación envíe mensajes escritos o realice llamadas telefónicas de falsa alarma o auxilio a los servicios de emergencia y éstas no justifiquen su necesidad, se le impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión y de 50 a 300 días de multa".
El cambio incluye que "en caso de reincidencia o cuando derivado de esos mensajes o llamadas resulten consecuencias para la sociedad, se impondrá una sanción de uno a tres años de presión y multa de hasta mil salarios mínimos".
Refirió que "las mismas penalidades se aplicarán a quien realice llamadas o envíe mensajes de alerta que alberguen a instituciones públicas o privadas, educativas, de negocios, domicilios particulares, centros de recreación o cualquier tipo de inmueble, que afecten la continuidad de sus actividades avisando o alertando de la existencia de bombas y cualquier artefacto explosivo, sin tener la certeza de su dicho o por el simple hecho de consumar una broma".
Adelantó que en próximos días dará a conocer las acciones que realiza la Procuraduría y recordó que la modificación se realizó a propuesta de la fracción parlamentaria del PRI en junio del 2010, luego de que se presentó una iniciativa de Ley al Congreso y se publicó el 29 de octubre del 2011 en el periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Por otro lado, el vocero reconoció que la falta de organización de presidentes municipales de Costa Grande y región Norte de la entidad "ha impedido que los operativos se extiendan a otras regiones" en la aplicación del programa federal "Guerrero Seguro".
Mencionó que el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública dio a conocer que las reglas serán más estrictas y cambiarán en la asignación de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) a alcaldías.
Dio a conocer que las fuerzas federales lograron detener en flagrancia a 30 personas, recuperar 25 vehículos recuperados con reporte de robo, aseguraron 5 autos, decomisaron 4 armas cortas, una granada de mano y confiscaron 29 mil 183 pesos, droga, entre otras acciones.
Finalmente detalló que en la semana del 13 al 19 de febrero se registraron tres muertes por rivalidad delincuencial y que en cuatro días de la semana no hubo ningún fallecimiento, por lo que a la fecha suman 25 muertos en febrero.
