Cumplidos los primeros cien días de que Rubén Moreira asumió el Poder Ejecutivo en Coahuila, la conclusión apunta a que su gobierno no arranca.
La entrevista publicada en El Siglo de Torreón el sábado pasado, revela a un Moreira evasivo y nada dispuesto a contestar sobre la enorme deuda pública que atora la operación de su gobierno, ni sobre los señalamientos de implicación con el crimen organizado de cuadros importantes de la pasada administración y la presente, en el ramo de seguridad y procuración de justicia.
El gobernador se excusa diciendo que sólo tiene tres meses en el cargo, pero el esfuerzo por deslindarse del gobierno anterior es inútil. Además de los lazos consanguíneos, de proyecto político e intereses que lo unen de modo esencial a su antecesor, el propio Rubén planteó la continuidad como base de su campaña, al ofrecer "Más Moreira" como falsa premisa de un mejor Coahuila.
Lejos de amainar, el tema de la deuda se complica. De información reciente se desprende que pese a la reestructuración la nota crediticia del Gobierno de Coahuila ha bajado y no hay suficientes recursos para cubrir el servicio de la deuda, lo que hace prever una dinámica de capitalización de intereses que haría impagable el compromiso.
Los términos contractuales en los que fue restructurada la deuda bancaria, se han manejado como Secreto de Estado, a despecho del derecho a la información. Conforme se despeja la incógnita, el día de ayer el propio Siglo de Torreón revela el contenido de algunos de tales contratos, que contienen cláusulas tan lesivas a la autonomía estatal que son una vergüenza, como la que impide al Estado de Coahuila derivar recursos federales a los municipios, por encima de los mínimos que señala la ley de coordinación fiscal.
Es curioso que un gobierno que se ha caracterizado por su estilo prepotente haya caído en semejante humillación que encadena el futuro de los coahuilenses, pero es precisamente la soberbia la causa de tan lamentable debilidad.
A pesar de todo Moreira no escarmienta. A los reclamos ciudadanos que demandan que deje el poder para abrir paso a una investigación imparcial que arroje luz sobre el destino del importe de los créditos contraídos y sobre la complicidad de funcionarios estatales con la delincuencia organizada, por voz propia y de su congreso lacayo, Rubén insiste en que es momento de fortalecer al poder público y evitar las críticas que lo debilitan.
El régimen Moreira comete un error histórico al haber recreado en Coahuila el sistema hegemónico de Partido de Estado, que a nivel federal colapsó en las urnas el año dos mil, no precisamente por fuerte sino por agotamiento. El Estado Mexicano funcionó durante setenta años en virtud de ese sistema o según se vea a pesar de ese sistema. Sus fortalezas se convirtieron en debilidades a la hora en que el centralismo, las corporaciones sindicales, la opacidad, la represión, la censura y otros "males necesarios" en los que se sustentaba, se convirtieron en insostenible lastre.
La alternativa de estado fuerte o estado débil, planteada por Rubén y sus diputados es equívoca. La crítica al poder público fortalece la relación estado-sociedad y la sumisión la debilita; los partidarios de la democracia mexicana no pretenden ni nunca han querido debilitar al estado, sino construir una nueva relación entre gobernantes y gobernados, superar el viejo paradigma de estabilidad que llegó a su fin, y generar otro cuya fuerza resida en el respecto a la pluralidad, basado en el consenso obtenido por medio del ejercicio democrático.
También es un error la dialéctica de oposición entre gobierno y sociedad, que en el discurso y en los hechos postula el sistema Moreira. El camino del desarrollo político es el de la relación respetuosa y madura entre sociedad y gobierno, y en el aquí y ahora de nuestro país, esto sólo puede darse dejando atrás al viejo sistema de Partido de Estado.
