Hace unos días la Comisión Nacional del Agua (CNA) anunció el cierre de 78 pozos agrícolas ubicados en los acuíferos de Parras y La Laguna, medida que forma parte de las acciones que esta oficina gubernamental realiza para regularizar los aprovechamientos de aguas subterráneas.
Estos actos de autoridad, como los denomina la CNA, parten del propio diagnóstico que dicha entidad elaboró, y que en el caso del acuífero principal publicó, entre otros documentos, en una versión ejecutiva en 2003 con base al censo de 2,350 aprovechamientos (1), en el que se presenta un balance de aguas subterráneas donde la extracción equivale a 1,088.5 Mm3 y la recarga a 518.9 Mm3, resultando por diferencia un déficit de 569.6 Mm3, evidenciando la condición de sobreexplotción de este cuerpo de agua dulce del subsuelo lagunero.
En ese mismo escrito oficial se da a conocer que los volúmenes concesionados a través de esos aprovechamientos equivalen a 701.8 Mm3, es decir, se extraen 386.3 Mm3 por encima del volumen concesionado, indicando con ello la situación jurídica anómala que hipotéticamente se cree proviene de la existencia de pozos adicionales a los autorizados, al menos oficialmente dentro de los padrones del Registro Público de Derechos de Agua, o en las extracciones que se efectúan por encima de los volúmenes concesionados.
Entendemos que aquí se encuentra la justificación básica de estas medidas de regularización, las cuales se orientan principalmente a los pozos de uso agrícola porque como se señala en el citado documento se tienen concesionados 883.9 Mm3 para este fin, equivalente a un 81.2% del total extraído del acuífero principal, en contraparte del concesionado para uso doméstico por 25.4 Mm3, equivalente a un 2.34%.
Mucha gente nos hemos preguntado por qué se llega a esta situación de desequilibrio entre extracción y recarga de los volúmenes en el acuífero que provee de agua para abastecer la demanda de la mayor parte de la población lagunera y, en particular, para la siembra de cultivos. Tal parece que la historia de estos aprovechamientos se remonta a menos de un siglo, puesto que la misma información oficial indica que para las primeras dos décadas de la centuria pasada sólo había una veintena de pozos que, suponemos, se usaban básicamente para el abasto público-doméstico.
Tal cifra se disparó cuando aumenta la demanda de algodón por la II Guerra Mundial debido al mejor precio que estimula su producción en las zonas agrícolas del país, autorizándose permisos para perforar pozos y realizar extracciones entre usuarios agrícolas del sector empresarial, quienes habían visto reducida la disponibilidad de agua superficial cuando al repartirse tierra a los ejidos se les asigna dos tercios de los volúmenes aprovechables de los ríos Nazas y Aguanaval.
Posteriormente con la segunda crisis del algodón provocada por la caída del precio internacional derivado de la producción de fibras sintéticas, las fibras naturales no compiten en el mercado, reduciéndose significativamente las superficies destinadas a dicho cultivo, lo cual, sin embargo, no implicó una disminución de las extracciones sino que los volúmenes bombeados se mantuvieron o aumentaron por el cambio de cultivos al sustituirse las superficies de algodonero por forrajes y frutales, sobre todo los perennes que presentaban un mayor uso consuntivo de agua.
Algunos cuestionan las cifras oficiales, sobre todo voceros del sector empresarial agroganadero, las cuales posiblemente no sean del todo verosímiles porque se basan en estimaciones estadísticas y no en mediciones reales completas, problema que también debe resolverse aplicando una medición confiable como puede ser instalando medidores telemétricos y no a modo de los concesionarios, particularmente los del sector mencionado que se resisten a aceptar una realidad de la cual son también parte, aún cuando no todos o del todo sean responsables.
Al respecto no puede estigmatizarse a todo el sector, puesto que habrá quienes digan que ellos sólo extraen los volúmenes que les han sido concesionados o que no usan aprovechamientos clonados, como se les ha llamado a los pozos irregulares, quizá algunos obtuvieron la concesión sin conocer la situación de explotación del acuífero, e incluso, es posible que las mediciones hechas hace medio siglo sean menos certeras porque se basaron en información insuficiente o menos confiable, pero el problema está ahí y debe aceptarse para buscarle soluciones. Finalmente al que se le encuentre irregular tiene que aceptar que usaba agua ilegalmente.
También es cierto que hay ya algunos esfuerzos del Comité Técnico de Aguas Subterráneas como la suspensión temporal de las extracciones de los pozos de los usuarios que integran este organismo auxiliar del Consejo de Cuenca, o aquellos que buscan la tecnificación del riego y reducir los volúmenes aplicados en sus cultivos, donde se informa que ya son 10,000 hectáreas de alfalfa en las que se han establecido válvulas alfalferas, principal tecnología aplicada para el ahorro de agua en ese cultivo.
Sin embrago, el problema es un poco más complicado y los actos de voluntad de los grandes usuarios que concentran los títulos de concesión son insuficientes, inevitablemente entre quienes también se concentra el problema de la sobreexplotación, antes que todo deben modificar su postura de negación del mismo o de no sentirse parte de él, de otra forma los actos de autoridad que la CNA emprende se seguirán justificando, sobre todo si se confirma la situación irregular y por tanto ilegal en que se encuentran. No es posible ni aceptable una condición de abuso que ya tiene repercusiones a terceros en algo tan delicado como la salud, tal vez sería mejor involucrarse responsablemente en la solución.
