El convenio "Por una Ciudad Mejor" entre el Gobierno de Coahuila y el Municipio de Torreón, implica la pérdida de todo vestigio de lo que alguna vez fue la autonomía del Municipio, en aras de un centralismo violatorio de la Constitución de la República.
No basta al sistema Moreira el haber arrebatado a los torreonenses su derecho a darse su propio gobierno y haber impuesto a Eduardo Olmos como alcalde títere. La explotación de nuestra ciudad como botín de guerra, cuenta ahora con una especie de depositario interventor con cargo a la caja, a través de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, dependencia del Gobierno Estatal de reciente factura, que ahora viene a administrar el saqueo del patrimonio municipal, aprovechando el desorden muy bien organizado que ellos mismos han hecho.
No es la primera vez que los Moreira hacen y deshacen con las instituciones públicas. Recordemos el caso de la Secretaría de Finanzas que convertida en Servicio de Administración Tributaria en tiempos de Humberto, se erigió en instrumento para apoderarse de la dirigencia nacional del PRI y para financiar la sucesión entre hermanos, mediante la ilícita megadeuda que tiene hipotecadas las finanzas del Estado por los siguientes veinte años.
Otro ejemplo es el de la creación de la Fiscalía General del Estado que con pretensiones transexenales, funcionó como herramienta de impunidad, colapsó la procuración de justicia, y a la postre regresó al esquema tradicional como "procuraduría" para partir de cero, desde el nivel de postración en que se encuentra.
En el tema Por una Ciudad Mejor, el treinta de marzo pasado el Municipio de Torreón aprueba por mayoría de los regidores priistas, un convenio en el que abdica de sus facultades al dejar en manos del Gobierno del Estado la supervisión, el mando y la operación de la estructura municipal en todos sus niveles y funciones, desde la iniciativa de reglamentos y el diseño de proyectos, llegando a detalles como la autorización de fraccionamientos, otorgamiento de concesiones y trazo de rutas en materia de transporte, expedición de licencias de construcción y de funcionamiento, emisión de constancias de uso de suelo, hasta el control del sistema de aguas y saneamiento.
El asalto se produce por sorpresa como la visita del ladrón, durante el sueño vacacional de Semana Santa. Nuestra compañera Yolanda Ríos hace una serie de breves, pero ilustrativos reportajes que aparecen en El Siglo de Torreón los días 4, 5 y 6 de abril, que son crónica y denuncia de lo ocurrido, y que están a la vista a disposición de quien, pasado el asueto, quiera enterarse.
La ciudadanía reacciona en algunos reductos organizados en torno a Coparmex Laguna, en espera de una reacción en cadena que rescate la dignidad ciudadana ultrajada.
El lunes pasado aparece en la prensa regional un desplegado, en el que la entidad empresarial mencionada y diversas organizaciones sociales, desconocen a Olmos y a su plana de directores como interlocutores válidos para tratar los problemas de la ciudad, porque han entregado la responsabilidad y el mando a un grupo político faccioso, que se empeña en convertir a nuestra ciudad en un páramo.
La publicación insiste con razón en la licencia definitiva de Olmos, aunque en este espacio ya se ha dicho que su remoción no resuelve el problema, porque viene de una falla de origen. El fenómeno Olmos no tiene existencia ni desempeño propios porque es apéndice del sistema Moreira y en consecuencia, la renuncia o la permanencia de Eduardo es irrelevante.
La raíz del mal en Coahuila se aloja en el Gobierno del Estado. Para poner alto al régimen corrupto e ineficiente que padecemos, los coahuilenses requerimos de una reacción vigorosa de nuestra parte, y de una intervención contundente de la Procuraduría General de la República y de los Tribunales Federales, que como alternativa de saneamiento y remedio, castiguen a los responsables del saqueo.
