Aniversario. Una familiar de las víctimas del ataque al centro de entretenimiento Casino Royale sostiene una foto durante los preparativos de la conmemoración del primer aniversario.
El edificio de lo que fue el Casino Royale está rodeado por una malla de alambre. Aún así es posible mirar el hollín impregnado en la fachada roja, en las letras calcinadas que anunciaban que ahí se jugaba "Bingo", en sus paredes interiores, en la entrada donde aún hay sillas y mesas calcinadas. Quien pase frente al lugar mirará cincuenta y cuatro cruces blancas. Dos sólo dicen "bebé".
Las otras cincuenta y dos llevan el nombre de cada una de las personas que fallecieron por lo que es considerado uno de los peores ataques del narcotráfico contra la población civil.
A las 15:40 del jueves 25 de agosto del 2011, alrededor de diez hombres estacionaron varios autos frente al Casino Royale. Algunos llevaban armas largas, otros entraron y rociaron gasolina en la entrada y prendieron fuego. Cincuenta y dos personas fallecieron. Dos de las víctimas tenían meses de embarazo. Treinta menores de edad quedaron huérfanos.
A un año del atentado, sobrevivientes y familiares de quienes murieron siguen en la espera que se cumplan las promesas de justicia y ayuda que les hicieron funcionarios federales y estatales.
Hay 26 personas detenidas; los señalan como Zetas; sólo 13 fueron consignados. El dueño del casino, Raúl Rocha Cantú se fue del país; en el extranjero declaró que se negó a pagar "derecho de piso", por eso fue el ataque, dijo.
El atentado, entre otras cosas, develó la corrupción que hay alrededor de los permisos para el funcionamiento de casinos. También evidenció la falta de medidas de protección civil.
Samara Pérez sobrevivió al atentado; su hijo Brad Xavier Muraira, de 18 años, falleció. Ella decidió dedicarse a defender los derechos de las víctimas del casino. Ahora es activista y vocera de las familias que se unieron para exigir justicia.
"Pedimos que el gobierno federal atraiga todas las investigaciones. Porque ahora una parte la lleva la Procuraduría General de la República y otra la Procuraduría de Nuevo León... También exigimos que cumplan con las promesas que hicieron a las víctimas; hay gente y huérfanos es situación económica vulnerable que requieren apoyo", comenta Samara.
Hay un reclamo que hacen los sobrevivientes y familiares de fallecidos. No entienden por qué el dueño del casino, Raúl Rocha Cantú, sigue libre y no es procesado. "El dueño era responsable de que existieran puertas falsas, que el edificio no cumpliera con los mínimos requerimientos de protección civil. Es responsable que no hubiera tantas víctimas. Yo creo que esa persona tiene influencias hasta el cielo y por eso no es detenido", dice Héctor Lozano, primo de Rubén Morales, de 19 años, quien murió en el Casino Royale.
Los deudos también reclaman que la empresa que manejaba el casino no respetó los derechos de los once trabajadores que fallecieron en el lugar, entre ellos Juan Manuel Juárez, de 57 años; Claudia Edith Castillo, de 26 años y quien dejó a dos niños huérfanos, y Yolanda Rocha, de 46 años. Ella era madre un adolescente de 17 años.
"La empresa querían indemnizar a los familiares sólo con 3 mil pesos. Se estuvieron comunicando con nosotros a principios de año para finiquitar el contrato laboral, pero varios no lo aceptamos", cuenta Raúl García Rocha, hermano de Yolanda Rocha.
Hace un par de meses que los familiares se enteraron que la empresa que manejaba el casino abandonó las oficinas que ocupaba en Monterrey. Nadie contesta los teléfonos que tenían y las autoridades sólo se limitan a informarles que no han podido notificar a la empresa sobre los requerimientos legales.
"En otras sociedades, las autoridades se ponen del lado de las víctimas. Aquí el gobierno nos queda mucho a deber. Nos queda bastante a deber", dice José Francisco Tamayo. Él perdió a su esposa Sonia de la Piña Guerrero, tenía 47 años y trabajaba como vendedora de pólizas de servicios funerarios. Ese día, un cliente la citó en el Casino Royale. "La empresa Gayosso no quiere reconocer el fallecimiento de mi esposa como riesgo de trabajo", dice José Francisco.
A un año del atentado al Casino Royale, las familias que se han unido y organizado exigen la aprobación de la Ley General de Víctimas, reformas a la Ley de Protección Civil en materia de seguridad de inmuebles, recursos para el cuerpo de bomberos de Nuevo León, transparencia en el proceso legal y sanciones claras a todos aquellos funcionarios que contribuyeron en permitir que el casino funcionara con tantas irregularidades.
También impulsan la campaña "Voltea a ver", en la que piden a la sociedad unirse a sus reclamos de justicia. Como parte de esta campaña lanzaron una serie de videos en YouTube y la página de internet 52mas2.org.
"La sociedad no ve una conexión directa entre un atentado de este tipo y la corrupción; entre estos desastres y el pobre desempeño de nuestras autoridades", dice José Francisco, quien como los otros deudos y sobrevivientes hace un llamado: "La sociedad no debería olvidar esto. Nuestra intención es despertar la conciencia de la sociedad. Que estas cosas no ocurren por casualidad".
Reconoce gobernador de NL que 'nada será suficiente'
A un año de la tragedia en el casino Royale, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, reconoció que nada será suficiente para atenuar el dolor de los deudos. El mandatario estatal sostuvo que "es un tema muy difícil que nos ha dejado marcados a todos como personas, como padres de familia, como autoridades, es algo que nos va a dejar marcados para siempre".
"Nada de lo que hagamos va a regresar a las víctimas y entendemos el dolor y el sufrimiento de las familias", dijo. Admitió que "todo lo que hagamos para procurar justicia, como el desmantelamiento de la banda o el encarcelamiento de los responsables, pues jamás va a ser suficiente", al tiempo que recalcó que "esto es algo que jamás se nos olvidará".
Resaltó que "el compromiso es seguir fuerte en esta investigación, vamos a ir por todo contra estos criminales y vamos a estar muy atentos en el seguimiento de este caso".
