El desorden que impera en algunos estados de la República se ha posicionado como uno de los principales desafíos para quien a partir del primero de diciembre llevará las riendas del país. Los excesos de las administraciones, las grandes sospechas de corrupción, la debilidad institucional y el crecimiento de la inseguridad deben tener muy preocupado a Enrique Peña Nieto y su equipo. Sobre todo porque esos problemas se han manifestado con mayor intensidad en entidades gobernadas por su partido.
De los estados en los que hoy, a mes y medio del cambio de gobierno, se observa un desbarajuste institucional sobresale Coahuila por distintos motivos. Se trata de una entidad gobernada desde hace casi siete años por un mismo grupo, el de la familia Moreira, que ha construido una extensa red clientelar que le ha servido para mantenerse en el poder a pesar de todo.
El manejo discrecional de las estructuras gubernamentales bajo un estilo autocrático y vertical ha dejado saldos por demás negativos en Coahuila. No sólo se trata de una de las entidades con mayor nivel de endeudamiento público, 36 mil millones de pesos, sino también de uno de los más claros ejemplos de opacidad y nula rendición de cuentas. Parte de esa deuda se encuentra bajo investigación por la utilización de documentos falsos y al menos la mitad del monto contratado no está justificado en las cuentas públicas. Por si fuera poco, hasta el momento nadie ha sido presentado ante la justicia por esa suma de irresponsabilidades y abusos.
Pero en las últimas semanas el tema de la deuda ha pasado a segundo plano por los síntomas de la descomposición de la seguridad pública que ha vivido el estado de cinco años a la fecha. La fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras puso de manifiesto una vez más la pudrición del sistema penitenciario. El asesinato de José Eduardo Moreira, sobrino del gobernador Rubén Moreira, y la implicación de funcionarios y policías del municipio de Acuña, dejó ver los alcances y el crecimiento que ha tenido el crimen organizado. La desaparición del cuerpo de uno de los capos más buscados de la mafia mexicana, Heriberto Lazcano, evidenció la debilidad de las instituciones estatales frente a la delincuencia.
A lo anterior hay que sumar que Coahuila es uno de los estados con más personas desaparecidas en todo el país y con mayor número de atentados a medios de comunicación; que tiene la séptima ciudad más violenta del mundo, Torreón, y en el que amplios sectores del territorio los criminales operan como si fueran un gobierno paralelo.
Con todo lo anterior, no es gratuito el desprestigio en el que han caído el partido y el grupo en el poder. Desprestigio que se tradujo en la pasada elección federal en la sangría de 300 mil votos para el PRI de un año para otro, la pérdida de tres de los siete distritos y de las dos senadurías de mayoría relativa.
Este panorama negro ha puesto en la mira a Coahuila y su gobierno de cara a la próxima administración federal, una administración que, como hace seis años la de Calderón, intentará construir legitimidad y para la cual esta entidad del norte se ha convertido ya en su primer dolor de cabeza. La gran pregunta es ¿qué acción tomará el gobierno de Enrique Peña Nieto frente al desastre que es Coahuila?
