Recientemente se han realizado una serie de cambios en el aparato político del Gobierno del Estado de Coahuila, mismos que por su importancia merecen un comentario.
El primero de ellos fue el cambio del presidente del PRI estatal, casi en forma inmediata a los comicios del 1º. de julio. Este movimiento debe verse como algo natural y necesario después de los resultados electorales parcialmente adversos en el Estado para el priismo.
La pérdida de tres diputaciones federales y las dos senadurías de mayoría colocó a Coahuila de Zaragoza en "alerta amarilla" dentro del PRI (diferente a los estados con "alerta roja" que perdió como Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz). Si bien es cierto se cumplió con Enrique Peña Nieto al sacar adelante la elección presidencial, no fue con los 800 mil votos que los dirigentes priistas se habían propuesto alcanzar.
De los otros cambios que realizó el gobernador recientemente destaca el nombramiento de Heriberto Fuentes Canales como nuevo secretario de Gobierno. Este cambio era necesario simplemente por cuestión de perfil profesional, es mucho más conveniente que en esa posición se encuentre un abogado de experiencia que sea el brazo derecho del Poder Ejecutivo para los problemas jurídicos y políticos que se presenten.
Habrá que ver qué tanta confianza y poder real le delega el gobernador al nuevo funcionario. Heriberto es ante todo un buen abogado y profesor universitario, estuvo identificado con el grupo del ex rector de la UAC, Óscar Villegas Rico. Recientemente estuvo en la dirección jurídica de la Secretaría de Finanzas del Estado. Deseamos que practique una política de "puertas abiertas" para todas las fuerzas políticas en el Estado y abra una mesa de diálogo y concertación para hacer las reformas electorales necesarias.
El periodo del gobernador Rubén Moreira es aún joven, sin embargo en poco tiempo le ha tocado enfrentar problemas duros de resolver como el de la deuda pública del Estado, el tema de la violencia que se ha incrementado y recientemente los resultados electorales del 1º. de julio parcialmente adversos.
En este contexto es importante que en el Estado se desarrollen nuevos esquemas de gobernabilidad para que Coahuila no se convierta en un problema político para el futuro presidente de México, la realidad lo demanda y el gobernador debe tener sensibilidad para ello.
Dentro de estos nuevos esquemas debe pensarse en descentralizar el poder político y permitir el desarrollo de nuevos liderazgos en La Laguna y en la región norte del Estado. También dada la importancia económica, política y cultural de Torreón en las regiones noroeste y centro-norte de México sería conveniente que compartiera con Saltillo el privilegio de ser la capital de la entidad y trasladar la sede de uno de sus tres Poderes del Estado a nuestra ciudad para atenuar las tendencias separatistas del Estado de La Laguna.
La ratificación de funcionarios del Poder Ejecutivo por parte del Congreso es una medida positiva pero es necesario reglamentarla adecuadamente para que este acto no se convierta en un mero trámite de ventanilla en el Poder Legislativo. Se podría pensar en comparecencia previa de los propuestos; darle vista a la sociedad para que en un plazo razonable exprese mediante cartas o encuestas su opinión sobre los funcionarios.
Debe pensarse en la incorporación de miembros destacados de la sociedad civil en el Estado en los órganos de control del Poder Ejecutivo y municipios (Secretaría de Fiscalización, Auditoría Superior del Congreso, Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información Pública) para que le den legitimidad y transparencia a dichos órganos.
La reforma a la Constitución Política de Coahuila también es necesaria, ya que por el paso del tiempo todo ordenamiento jurídico debe revisarse para actualizarlo, aunque el ejercicio de los legisladores locales puede ser intrascendente si no se examina también la Constitución Nacional que aplica a los estados.
Concretamente debe estudiarse para hacer propuestas el Título Quinto (Arts. 115-122) "De los estados de la Federación y del Distrito Federal" pues allí se establecen los principios fundamentales de organización política de los estados de la República. Esta tarea puede realizarse por la propia Legislatura coahuilense y el Gobierno del Estado y hacer las propuestas respectivas al Poder Constituyente Permanente.
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