Muchos problemas sociales nacen por la ausencia de espacios en donde la comunidad pueda convivir, o de la inadecuada calidad de las plazas o parques pertinentes para desarrollar acciones colectivas.
Su planificación y organización debe considerar los diferentes usos y las necesidades de diversos grupos, como jóvenes, o familias, o ancianos. Por lo tanto también es importante un análisis concreto de los tiempos de utilización de los espacios existentes.
El objetivo tiene que ser planificar las diferentes funciones de un espacio público, organizado para ser un lugar capaz de estimular la creatividad y la interactividad de sus vecinos y, en paralelo, aparecer como un espacio de mediación para los conflictos relacionados a su uso, ya que existe el derecho de las personas a ser parte de las decisiones que, directa o indirectamente, les atañen.
Los procesos participativos garantizan la posibilidad de recoger las reales necesidades del entorno a partir de la percepción y conciencia de los diferentes grupos de actores locales.
Además de potenciar el sentido de responsabilidad de cada uno, en relación a los espacios que ha contribuido a planificar, los programas de planificación permiten un “efecto manutención”, por el cual la comunidad cuida lo que ha creado y se preocupa para que también otros usuarios utilicen los espacios de manera correcta.
Una herramienta posible de usar es la mediación comunitaria, mecanismo alternativo de resolución de conflictos, caracterizada porque la implementan agentes comunitarios.
Es una alternativa a la demanda social por una administración de justicia más eficaz, tanto en términos de agilidad, economía y cercanía a las personas, como en cuanto a alcance territorial, pues es susceptible de ser aplicada en diferentes contextos socioeconómicos y culturales.
La mediación comunitaria responde a la necesidad de dotar a la comunidad de instrumentos que les permitan resolver sus propios conflictos, de tal modo que pueda ser prevenido un posible foco de conflicto de consecuencias mayores.
Ayuda a la formación de una comunidad más autónoma, que por sí misma resuelve parte de sus conflictos vecinales, sin la necesidad de utilizar la red institucional existente.
Con ello, la comunidad pasa a tener un rol significativo en su devenir, como actor empoderado y responsable. La posibilidad de que el espacio público desarrolle su rol político y cohesionador está ligada a sus condiciones de seguridad: un espacio inseguro, o percibido así, difícilmente podrá tener aquellas características de frecuentación y animación que están en la base, porque aquella plaza o calle tienen un rol de referencia para la comunidad y son lugares de construcción de la cohesión social.
Lo que determina sus condiciones de inseguridad no son sólo los episodios criminales -robos, asaltos contra la persona y el patrimoniosino que entran en juego también sus características relativas a la degradación ambiental y social. Un espacio descuidado, rodeado por edificios depreciados y sucio; aquel donde ocurren fenómenos de ilegalidad o concita la presencia de sujetos que no le dan un uso apropiado, es inevitablemente percibido como un espacio inseguro.
Esto lleva a pensar que la demanda de seguridad de los ciudadanos no es tan sólo motivada por una ‘invasión’ directa de la criminalidad, sino expresión de una sensación producto del caos de la vida urbana y de las conductas desviadas, agresivas, que la caracterizan en gran medida y que encuentran su máxima visibilidad en el espacio público.
La prevención social es el conjunto de los medios para eliminar, o reducir, los factores de criminalidad actuando sobre sus causas sociales; se realiza por medio de intervenciones en algunas áreas (barrios o ciudades enteras) para favorecer el desarrollo socio económico y mejorar las condiciones de convivencia.
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