El 30 de marzo comenzó en México el período oficial de campañas para las elecciones federales que se realizarán el 1 de julio próximo. En términos prácticos, esto significa que durante abril, mayo y junio los ciudadanos mexicanos seremos bombardeados por los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos, procurando captar nuestro voto.
Así sucede, normalmente, en todos los países democráticos, donde los contendientes a un puesto de elección popular tratan de acumular la mayor cantidad de votos para alcanzar la victoria en las urnas. Sin embargo, nuestro caso tiene algunas características que hacen el proceso bastante excepcional.
Dentro de esas características destaca el papel del Instituto Federal Electoral (IFE) como el organismo público autónomo encargado, a partir de 1990, de todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y realización de las elecciones. Antes del IFE, como se recordará, los procesos electorales eran diseñados y controlados por la Secretaría de Gobernación.
A lo largo de poco más de dos décadas de su existencia, el IFE ha experimentado varias reformas en sus atribuciones y funcionamiento para adecuarlo a las cambiantes circunstancias políticas y sociales del país. Algunas de esas reformas han sido positivas para nuestra vida democrática, pero otras son bastante discutibles, como varias de las aprobadas en 2007 y 2008.
Entre ellas figura la prohibición tanto a partidos políticos, precandidatos y candidatos, dirigentes y afiliados a un partido político, así como a cualquier persona física o moral, para contratar propaganda en radio y televisión con la intención de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Sólo el IFE puede hacerlo, mediante la asignación del tiempo oficial por el que, además, no paga.
Esto significa, por ejemplo, que las organizaciones empresariales del sector privado no pueden pronunciarse en mensajes pagados de radio o televisión a favor o en contra de un candidato o una propuesta que consideren positiva o negativa para sus intereses o los del país.
En el fondo, estamos frente a una forma de censura para la libre expresión de las ideas, donde no es posible exhibir mediante anuncios pagados en radio y televisión las deficiencias o mentiras de los candidatos, impidiéndose así que los electores cuenten con los suficientes elementos de juicio para emitir su voto.
Sucede igual con la suspensión de la propaganda gubernamental en los períodos de campaña. El IFE señala que "la ley ordena que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, en cualquiera de sus niveles."
En consecuencia, para el caso de las páginas de Internet de las diferentes dependencias públicas federales el aviso respectivo agrega que "del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se suspenderá el acceso a las secciones de este portal de Internet que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros del gobierno."
En principio, la suspensión referida parece razonable. Sin embargo, la dificultad está en determinar la información que es propaganda gubernamental y la que no lo es. De nuevo, ronda el fantasma de la censura al hacer esa determinación. Como criterio general, el IFE y las autoridades respectivas acordaron suprimir todos o la mayoría de los comunicados de prensa.
La determinación del IFE de no permitir la publicación de los contenidos clasificados como propaganda gubernamental es, en esencia, similar a las prohibiciones que países como China y Cuba aplican a algunos grupos de sus respectivas poblaciones para publicar sus ideas que, desde la óptica oficial, son censurables.
Relacionado con lo anterior, es difícil justificar ante un público usuario de Internet la supresión de algunos contenidos que, en buena medida, constituyen una manera de hacer más transparente la gestión pública. Por esto afirmaba líneas atrás que esta decisión del IFE significa más bien un retroceso en la democratización de nuestro país.
Por otra parte, desde el punto de vista económico la censura del IFE para los contenidos de Internet provocará un desperdicio de los recursos asignados en las áreas de comunicación social de las diversas dependencias públicas, ya que ese personal estará siendo subutilizado mientras se mantenga la veda informativa electoral.
Debido a estas y otras razones, considero que la censura que el IFE impone a los ciudadanos es una extralimitación de sus funciones, que en su origen nunca contemplaron la creación de un órgano dedicado a impedir la libertad de expresión, principio fundamental de una verdadera democracia y necesario para la construcción de un país mejor.
