El Presidente Felipe Calderón envió el 4 del mes pasado al Congreso de la Unión dos iniciativas de ley con algunos cambios a la legislación laboral vigente y al marco de la contabilidad gubernamental, para darle mayor transparencia a los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
La novedad es que ambas iniciativas fueron enviadas para su trámite con carácter preferente, lo que significa que ambas Cámaras del Congreso (origen y revisora) tienen que haber discutido y votado la iniciativa respectiva en un plazo máximo de sesenta días naturales.
La iniciativa laboral todavía se discute en la Cámara revisora, pero de antemano puede decirse que lo que se apruebe quedará muy corto en relación con los cambios que se necesitan, porque desde un principio la propuesta de Calderón se diseñó como un parche, en vez de una transformación de fondo de nuestro mercado laboral.
Esto, sin embargo, es un llamado de atención porque afecta severamente la competitividad de nuestra economía, que necesita de manera urgente la aplicación de profundas reformas estructurales. Para comenzar, aunque hemos logrado un avance en competitividad, éste ha sido lento y en varios casos contrarrestado significativamente por los retrocesos que experimentamos en los últimos años en varios aspectos, como el deterioro en el clima de seguridad pública en el país.
Al mismo tiempo, otros países han logrado mejores resultados que nosotros, por lo que ellos han registrado una mejoría más notable que la nuestra en la posición relativa de la clasificación correspondiente. Es el caso de la economía china.
De acuerdo a la clasificación de competitividad realizada anualmente por el Foro Económico Mundial (FEM), en 2006 China ocupaba el lugar 54 entre las 125 economías analizadas ese año. México aparecía sólo ligeramente detrás de ese país asiático, en el lugar 58.
En 2012, la misma fuente indica que China avanzó 25 lugares para colocarse en la posición 29 entre las 144 economías incluidas en el reporte, mientras que México sólo mejoró 5 lugares al colocarse en el lugar 53. De los subíndices que considera el FEM para calcular el Índice de Competitividad global, el mayor progreso de China ocurrió en el renglón de las instituciones, donde pasó del lugar 80 en 2006 al 50 en 2012. México, en cambio, retrocedió apreciablemente al pasar del lugar 69 al 92 en esos años.
La situación de nuestro país es particularmente preocupante en el desglose de los factores que integran el subíndice de las instituciones en 2012. Ocupamos el lugar 100 en la eficiencia del marco legal, el 139 en actividad del crimen organizado y el 134 en confiabilidad en los servicios de policía. China, en esos mismos factores, ocupa los lugares 44, 98 y 59, respectivamente.
Por otra parte, en el subíndice correspondiente a la eficiencia del mercado laboral, México se ubica en el lugar 113 en cuanto a las prácticas de contratación y despido, frente al lugar 42 ocupado por China. Los cambios a la legislación laboral que envió el presidente Calderón, por cierto, cambiarán muy poco nuestra posición.
Es evidente, entonces, que necesitamos redoblar los esfuerzos para contar con un marco institucional y laboral que permita revertir la tendencia que está entorpeciendo la competitividad de nuestra economía.
En este sentido, hubiera sido deseable que la iniciativa de reforma laboral enviada por el Presidente al Congreso atendiera en forma adecuada esa problemática. Sin embargo, prevaleció el criterio del impacto mediático con un remedo de reforma laboral.
Las dos iniciativas superarán seguramente el proceso legislativo y serán proclamadas como una muestra de la capacidad de nuestros políticos para enfrentar los grandes retos que tiene México para avanzar en las reformas estructurales que necesitamos.
Sin embargo, sucederá como con las múltiples "reformas" fiscales aprobadas en este sexenio presidencial y el anterior, porque ni el contenido original de las propuestas enviadas por el Presidente Calderón ni lo que probablemente sea su versión final, es lo que el país requiere.
Muchos argumentarán que, en las circunstancias actuales, hay que aceptar los acuerdos posibles y desechar los deseables, pero imposibles. Ésta es una visión claramente pragmática, pero que si continuamos aplicándola nos seguirá manteniendo rezagados en la tabla de la clasificación de competitividad global.
Adicionalmente, una actitud como ésa no es un buen augurio para las otras reformas pendientes que se espera sean atendidas por el nuevo gobierno, como la energética, la fiscal y la educativa, sobre las cuales existen grandes expectativas.
Si ellas acaban siendo también reformas vacías, seguiremos perdiendo la lucha por modernizar nuestra economía y comenzar a mejorar eficazmente las perspectivas de bienestar para nuestra población.
