En una rebelión que hermana a fabricantes y distribuidores de alimentos y bebidas, además de organismos de autorregulación, se está colocando de espaldas a la pared a la Procuraduría Federal del Consumidor en su intención de regular el contenido de los mensajes publicitarios para evitar engaños.
La manzana de la discordia es un reglamento expedido por la dependencia en el que se definen los lineamientos y se plantean las sanciones para quienes incumplan los requisitos de certeza, objetividad y veracidad en la difusión de promocionales de un producto.
A la letra, el texto habla de que la dependencia vigilará que la publicidad que se difunda sea veraz y comprensible, en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Más al detalle, se habla de que el anunciante no deberá aplicar atribuciones o cualidades a los bienes, productos o servicios ofrecidos que no correspondan a su función o uso.
Además, se habla de no utilizar mensajes que sugieran que la adquisición del producto hace tener características o cualidades superiores para aquél que no lo compra y no inducir a creer que el producto cuenta con ingredientes, composición, origen, efectos, beneficios o propiedades de las cuales carezca.
¿Se acuerda usted de aquel cereal cuyo consumo convertía a los niños en "Pancho Pantera", es decir, en fuerte, audaz y valiente?
¿Se acuerda usted del "Tigre Toño" que presumía de ser el rey de los deportes, tras consumir otro producto similar? ¿Y las galletas mágicas que permiten bajar de peso en unos cuantos días?
Colocados los lineamientos en la mesa de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su evaluación, el proyecto provocó la ira del poderoso Consejo Mexicano de Productos de Consumo, conocido como ConMéxico, al que se le adhirió de inmediato la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
La exposición de motivos del organismo que agrupa a empresas como Coca Cola, Pepsi Cola, Bimbo, Jumex, Gamesa, Del Valle, Lala, Danone y Bacardí, habla de que el reglamento rebasa las atribuciones de la dependencia en defensa del consumidor.
Mas aún, los castigos previstos son superiores a los que la ley faculta a la instancia.
A la protesta se sumó el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, organismo que surgió justo ante la intención de la autoridad de regular la publicidad dirigida al público infantil.
De acuerdo con éste, los lineamientos elaborados por el Consejo Consultivo de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor no empatan con lo dispuesto en otros ordenamientos como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que se acaba de reformar por Decreto Presidencial expedido el 19 de enero pasado.
Mas aún, se aduce que los conceptos pueden causar equívocos y discrecionalidad al momento de su aplicación, dado lo confuso de su redacción.
Se le atribuye al documento, en paralelo, intentar regular la publicidad de bienes, productos o servicios que se origina más allá de las fronteras, lo que puede contravenir lo pactado por México en tratados internacionales en materia de comercio.
En exceso de prurito, el organismo señala que el proyecto de reglamento no define con certeza conceptos como "veraz" y "comprobable", además de dejar en el aire otros como "comprobación", "garantía", "población vulnerable"…
Habría, pues, que incluir un glosario de términos.
El asunto es relevante, dada la inexcusable responsabilidad del Estado en proteger a la población frente a la posibilidad de atribuciones mágicas de productos que las empresas que los publicitan no están en posibilidad de comprobar.
De hecho, en afán de credibilidad frente a su objetivo de lavar los trapos sucios en casa, la propia Conar había planteado la exigencia de comprobación científica de las propiedades publicitadas de los productos, para lo cual se recurriría a los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Se saltó las trancas la Profeco?
Hasta el año pasado el valor de los activos de la arrendadora CGH-El Camino, la principal de su ramo en el país con una rebanada de 20% del mercado, ascendía a 2 mil millones de dólares, contabilizando ingresos por 400.
La firma colocó préstamos por 200 millones de dólares.
En lo que va de este 2012, tras el conflicto de accionistas provocado por la empresa alemana CHG Meridian Deutsche Computer Leasing, quien luego de pactar la adquisición del capital mexicano se rajó, iniciando una campaña de desprestigio contra el principal socio, Lázaro David López García, se han colocado préstamos por sólo 2 millones de dólares. La erosión, en la apuesta teutona a adquirir en centavos lo que vale pesos, es devastadora.
La compañía, que mantiene como clientes a Walmart de México y Centroamérica, el Grupo Herdez, Modelo, Vitro, Cemex, Kraft, Liverpool, Danone y Bimbo, tiene pasivos por 860 millones de dólares.
MáS LíOS EN MEXICANA
En afán de cerrarle todas las rendijas a la posibilidad de rescate de Mexicana de Aviación, las firmas aéreas rivales han esparcido la especie de que entre los asesores de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores figura el consultor financiero Martín Díaz, cuñado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome.
La intención es simple: poner nervioso a éste ante la posibilidad de ser acusado de conflicto de interés.
Sin embargo, aunque Díaz fue contratado por el organismo, esto fue entre agosto de 2010 y septiembre de 2011, en afán de validar el plan de negocio para la compañía en largo periodo de sequía que había elaborado PC Capital. Éste renunció al llegar su familiar al gabinete.
Martín Díaz es un experto financiero reconocido internacionalmente.
SALIDA POR LA TANGENTE
Aceptada en Estados Unidos la responsabilidad de la empresa BizJet International Sales & Support en la entrega de sobornos por 2 millones de dólares a funcionarios de la Presidencia de la República a cambio de contratos de mantenimiento de aeronaves, ahora resulta que ésta se quiere salir por la tangente.
Según ello no hay registro de tratos con la firma estadounidense con sede en Oklahoma, por más que los datos están en el portal Compranet.
Se diría, pues, que ésta lo inventó todo, aún las grabaciones en que se habla de la forma en que se entregarían los recursos.
Como usted sabe, BizJet debió cubrir una multa de 11.8 millones de dólares al inicio del proceso para que no hubiera acciones legales en su contra.
La firma tiene contratos con la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría General de la República.
